Las autoridades brasileñas informaron este domingo que, entre los 14 muertos hallados en los últimos días en la tierra Yanomami, en medio de conflictos entre mineros ilegales e indígenas, figuraban tres ciudadanos venezolanos.
Los cadáveres comenzaron a ser encontrados en medio de la selva el pasado lunes y la investigación sugiere que las muertes fueron producto de enfrentamientos que se suceden desde enero pasado en este territorio indígena, situado en la frontera con Venezuela.
Entre los fallecidos, el Instituto Médico Legal de Boa Vista, capital del estado fronterizo de Roraima, identificó este domingo a los venezolanos Joel Perdomo, de 68 años, Jenni Rangel, de 28, y Johandri Perdomo, de 24.
Roraima es la puerta de entrada para la mayoría de los cerca de 300.000 venezolanos que, en los últimos años, han llegado a Brasil buscando escapar de la crisis en que se ha sumergido su país.
El cuerpo de Jenni Rangel fue encontrado este sábado y, según dijeron a medios locales algunos de sus familiares, había llegado a Brasil, al igual que los otros dos venezolanos, hace poco más de dos años.
Los tres se habrían adentrado en la tierra Yanomami hace más de un año para trabajar en un «garimpo», como se conocen en Brasil los campamentos de mineros que, en la mayoría de los casos, como ocurre en esa región indígena, desarrollan su actividad en forma ilegal.
El clima de tensión en esa zona amazónica creció desde el pasado enero, cuando el Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, inició una operación para retirar a los mineros que operan clandestinamente en esa región.
La decisión fue tomada después de que se descubrió una delicada situación sanitaria y cientos de indígenas con cuadros graves de desnutrición y otras enfermedades, todo atribuido a la contaminación de los ríos causada por el mercurio y otros minerales volcados por los mineros en las aguas.
Según un reciente balance oficial, desde fines de enero han sido destruidos unos 330 campamentos ilegales en esa región, habitada por 38.000 indígenas y que había sido invadida por unos 20.000 mineros, alentados por las políticas del anterior Gobierno, presidido por el ultraderechista Jair Bolsonaro.
