La Fiscalía de Cabo Verde ha ordenado abrir un proceso contra los dos supuestos emisarios que, en nombre del Gobierno del país africano, viajaron a Venezuela para presuntamente tratar con el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, el caso del colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del dictador.
En un comunicado emitido esta madrugada, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la apertura de una causa contra el empresario Fernando Gil Évora y Carlos Dos Anjos, un exdirector de Turismo y Transporte de este país insular de África occidental.
La PGR determinó que debe abrirse una “investigación judicial” por la “existencia de hechos susceptibles de integrar la práctica de un delito de usurpación de autoridad”.
Gil Évora y Dos Anjos, pues, deberán responder ante los tribunales del archipiélago del supuesto delito, por el que podrían ser condenados a penas de entre uno y cinco años de prisión.
El ministerio público emprendió esa acción después de tener “conocimiento de las noticias publicadas en los medios de comunicación nacionales y extranjeros” sobre el viaje a Venezuela, “y la declaración del Gobierno (caboverdiano) alegando que no había enviado a nadie a ninguna misión a ese país“.
El Ejecutivo de Cabo Verde negó rotundamente la semana pasada haber enviado a dos emisarios a Caracas para entablar contactos con Maduro sobre el caso de Saab, detenido en el país insular a petición de Estados Unidos por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
El Gobierno se refirió a una noticia publicada por el diario estadounidense “El Nuevo Herald” que aseguraba que Gil Évora y Dos Anjos se reunieron en secreto entre el lunes y el martes de la semana pasada con Maduro en el palacio presidencial en Caracas.
Este fin de semana, Gil Évora negó que él y Dos Anjos se entrevistaran con el dictador venezolano y alegó que el objetivo del viaje “fue sólo comercial” debido a un contrato de consultoría sobre “vuelos y visados” con los abogados de Saab en Cabo Verde.
Tras salir a la luz el polémico viaje, Gil Évora fue destituido como presidente del consejo de administración de EMPROFAC, compañía estatal de distribución de medicamentos en el país africano.
El viaje desató una tormenta política en Cabo Verde, donde Janira Hopffer Almada, líder del Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV), primera fuerza de la oposición, acusó al Gobierno de “violar el principio de la neutralidad que siempre ha guiado la política exterior caboverdiana”.
Saab, empresario de 48 años nacido en barranquilla (Colombia), fue detenido este 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Tanto el Gobierno como un tribunal del país africano han aprobado la extradición del empresario colombiano a EEUU, si bien la defensa han presentado un recurso de apelación contra la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde.
Tras la detención de Saab, el régimen de Maduro señaló que él es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno que estaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.
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