Jesús Colmenares tiene 55 años de edad, de los cuales al menos 18 meses ha pasado encerrado en los calabozos de la Policía del estado Miranda tras ser acusado de cometer intento de homicidio al defender a sus sobrinos de una pelea con un delincuente de su comunidad.
Jesús es hipertenso, tiene una deficiencia coronaria y sufre de alergias en la piel. Durante su reclusión en la sede policial no ha recibido sino una sola consulta de atención médica cuando se desmayó en el calabozo por una crisis hipertensiva no controlada al no tomar los medicamentos en casi un mes.
El Código Orgánico Procesal Penal venezolano establece en el artículo 231 que no se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad a personas mayores de 70 años pero esta norma no beneficia a Jesús que apenas cumplirá 56 en una semana. El articulado señala que “No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de setenta años, de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o hijas hasta los seis meses posteriores al nacimiento, o de las personas afectadas por una enfermedad en fase terminal, debidamente comprobada”, expone el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal.
Su enfermedad en lo único que ha beneficiado su proceso es que no ha sido trasladado a un penal para continuar el juicio que apenas se inició en el mes de enero de este año. “No hemos podido ni siquiera ponerlo en control médico”, dijo Mariana, su hermana, quien es la única que lo visita y le lleva sus medicamentos para controlar sus niveles de tensión arterial.
En ese calabozo hay unos tres detenidos con rango de edad superior a los 50 años. “No es la constante en los adultos mayores el delinquir”, dijo una fuente del cuerpo de seguridad estadal, que por no tener autorización a declarar no puede ser revelada.
El tribunal cuarto de control habría dictado la medida preventiva de libertad a Colmenares. Su juicio se ha retardado casi doce meses por el retardo procesal y aun cuando su defensa ha solicitado medidas de reconsideración para su juicio en libertad, no ha recibido respuesta.
Los casos en que un condenado padece alguna patología de carácter físico o mental resultan problemáticos en la medida que sus efectos o las necesidades asociadas a su tratamiento presentan características que resulten incompatibles con el desarrollo de la vida en prisión, en tanto proponen una relación de tensión entre las necesidades que demanda el respeto y protección de su salud y la necesidad de satisfacer la condena.
La familia de Jesús vive en la carretera vieja, viven de la venta de alimentos en una pequeña bodega pero que no le da suficientes recursos para costear la alimentación y el pasaje diario para llevarle las comidas. Sus familiares piden que se tomen medidas frente a estas personas, pues son consideradas las más vulnerables frente a un eventual contagio de covid-19. El funcionario policial indicó que estas personas se les deben dar medidas especiales, como pensar en la detención domiciliaria.“Nuestras calabozos no tienen medidas para combatir esta pandemia y menos atender a pacientes crónicos”, dijo. “Es un tema de dignidad humana, todos los presos mayores y enfermos deben irse a su casa o en libertad y así le quitarían un peso enorme a los policías”, explicó.
Mientras los órganos de administración de justicia no atienden estos requerimientos, a Jesús le dio el 7 de septiembre una crisis hipertensiva. Tuvo que ser trasladado al Hospital Victorino Santaella donde lo mantuvieron recluido dos días hasta estabilizarlo. Le dieron de alta médica porque corría mayor riesgo en el hospital que en el calabozo, debido a la gran cantidad de pacientes sufriendo coronavirus. “Mi hermano puede morir ahí dentro sin que ni siquiera sepamos la hora exacta”, dijo Mariana.
De acuerdo al último informe presentado por Una Ventana a la Libertad en los Altos Mirandinos se han diagnosticados cuatro casos de privados de libertad con covid-19. Cuatro en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y uno en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como cárcel de Ramo Verde. Desde entonces las autoridades no han dado mayor información de la situación dentro de los ocho calabozos y dos cárceles que hay en esta jurisdicción. No hay registros oficiales de autoridades ni centros policiales de cuántos detenidos superan los 53 años de edad.
La historia de Jesús logramos conocerla durante el monitoreo de los centros de detención preventiva. Cada día Mariana llega a las 10 de la mañana a llevarle el almuerzo y la cena a su hermano. “Temo que un día llegue y me digan que murió”, finalizó.
Pola Del Giudice
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