Canadá siguió este lunes los pasos de Estados Unidos al imponer nuevas sanciones contra una docena de altos cargos vinculados al sandinismo de Nicaragua por supuestas «violaciones a los derechos humanos».
Horas después de que Washington anunciara su paquete de sanciones contra el Ministerio Público nicaragüense, así como a nueve de sus altos cargos al calificar de «farsa» las últimas elecciones presidenciales, Ottawa hizo lo propio.
Entre los sancionados por Canadá están la presidenta de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, Alba Luz Ramos; el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.
También son sancionados los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Esteli y Matagalpa, además del presidente del Instituto de Energía de Nicaragua, José Antonio Castañeda Méndez.
La mayoría de estos funcionarios fueron sancionados tanto por Ottawa como por Washington.
Las sanciones económicas de Canadá prohíben futuros negocios entre las personas afectadas y ciudadanos canadienses.
«Canadá da la bienvenida a las acciones decisivas tomadas por sus socios internacionales, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, y continuará trabajando con ellos para obtener apoyo y presionar al régimen», afirmó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense.
«Socios clave en las políticas antidemocráticas»
La directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Andrea Gacki, indicó que el «régimen» de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, está usando «legislación e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho a votar».
Los funcionarios designados son «socios clave en las políticas antidemocráticas» de Ortega, indicó el Tesoro.
Asimismo, el Tesoro considera que la oficina del Ministerio Público es «responsable o cómplice» de «acciones o políticas» encaminadas a «socavar los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua».
Tanto Canadá como Estados Unidos ya habían impuesto previamente sanciones contra otros altos cargos cercanos al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que fue reelegido la semana pasada para un nuevo mandato en unas elecciones cuestionadas por buena parte de la comunidad internacional.
