El abogado y coordinador de la Coalición por los DDHH y la Democracia, Alonso Medina Roa, plantea un canje humanitario para lograr la libertad de los 290 presos políticos en Venezuela y denuncia debilidad probatoria en el caso de los seis sindicalistas condenados recientemente.
«No hay que cerrarse a ningún tipo de negociación, siempre y cuando logremos la libertad de los 290 presos políticos. Sería importante oír a las familias», dijo.
En el programa Vladimir a la Carta expresó que le preocupa la «debilidad jurídica probatoria» en el caso de seis líderes sociales que fueron condenados a 16 años de prisión por decisión del Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo.
«Me preocupa la debilidad jurídica probatoria con la que se pretende dictar condenas tan altas. Esto no sólo afecta a 6 líderes sociales, afecta a un país, afecta al sistema de justicia», precisó
El abogado señaló que el Ministerio Público (MP) imputó a los detenidos, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho y Néstor Astudillo; por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
«Vimos al señor Tarek emitiendo un pronunciamiento sobre la sentencia dictada por un tribunal de la República, refiriendo actos totalmente alejados a la realidad. Gracias a Dios ese juicio tiene registro fílmico. Creo que hay un gran desconocimiento de la realidad de lo ocurrido en el caso de los 6 líderes sindicalistas por parte del Fiscal General», dijo.
Medina Roa explicó algunos detalles inconsistentes del caso.
«En este caso pretenden darle un valor probatorio a un informe de inteligencia que carece de vida jurídica conforme a la doctrina nacional e internacional y conforme a las leyes venezolanas».
También destacó que en este caso había un supuesto testigo que nunca apareció.
«Además había un supuesto testigo que podía dar información y nunca apareció», precisó.
El otro elemento distinto a la narrativa sobre la detención de los seis líderes sociales fue el tema extracción de información de los celulares, dónde según el abogado no hubo una autorización de ningún tribunal para los procesos de extracción de información.
«Hay dos normas constitucionales, la privacidad en las comunicaciones y el derecho a la intimidad en la información, esto está protegido por las normas es tanto así que hay una ley de delitos informáticos», puntualizó.
«Uno de los funcionarios en el juicio hizo referencia que estas seis personas iban a participar el 5 de Julio con unas pancartas en los Próceres. Nos cuesta mucho interpretar cómo con unas pancartas puede ser un elemento de tanta contundencia que pudiera generar el derrumbe de unas instituciones”
«Todas estas situaciones afectan el principio de legalidad, afectan el sistema de justicia porque todo queremos tener una seguridad jurídica media», dijo.
Sobre lo dicho por el gobernador del Estado Trujillo, Gerardo Márquez, en el sentido de que “ hay que caerle a “c..” a María Corina Machado o a cualquier opositor que vaya a esa región, Medina Roa dijo esperar que el Fiscal General, Tarek William Saab abra una averiguación penal al mandatario regional.
