Montos exorbitantes que no corresponden a ninguna moficicacion de ordenanza realizada por la cámara municipal, siguen denunciando los comerciantes guaicaipureños quienes este miércoles entregaron un documento en la alcaldía en el que denuncian la irregularidad.
Bernardo Calvo, presidente de la Cámara de Artesanos, Pequeños y Medianos Industriales del Estado Miranda (Capmi) , detalló que el sistema automatizado tributario a través del cual los contribuyentes pueden acceder a la revisión del pago de impuesto, está arrojando montos diferente a lo que estipula la ordenanza.
«Los empresarios se han estado encontrando montos excesivos, exorbitantes que no corresponden a ninguna modificación de ordenanza realizada por la cámara municipal», dijo.
Agregó que el cálculo que los comerciantes tienen para el pago de impuestos es otro monto «pero el sistema no les permite recalcular, no le permite colocar el monto correcto, en consecuencia el sistema está impidiendo que el contribuyente realice el pago de forma correcta, por lo que el documento que se entregó en la alcaldía notifica que el contribuyente fue impedido de cumplir con su deber para colocar las responsabilidades dónde van, en la administración pública», puntualizó Calvo.
Agregó que están solicitando que corrijan el número que aparece en el sistema para permitir el pago, «por otra parte el sistema está arrojando de una vez una multa, una multa que según la ordenanza tiene que ver con retraso en el pago, dicha multa está sumada al monto del impuesto que no corresponde y solamente permite el pago de la suma, lo que es ilegal y contrario a derecho por qué la multa debe ser notificada separada y el contribuyente tiene derecho a ejercer el recurso correspondiente, para eso tiene días hábiles para responder sus alegatos, se está vulnerando el derecho a la defensa».
Calvo denunció que durante la entrega del documento fueron recibidos por funcionarios de la alcaldía que «tenían exigencias de índole ilegal, estaban exigiendo la presencia del contribuyente en persona, lo cual no es legal porque se puede enviar una comunicación a cualquier ente público con un motorizado o mensajero, había unos abogados al frente que van a solicitar el impedimento por escrito para saber cuál es el funcionario que está detrás de esta acción y hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público porque eso es abuso de poder».
Redacción El Tequeño
