Migdely huyó de Venezuela con su bebé tras la muerte de Ginyveth, su esposa, aterrada por el riesgo de perder la custodia de su hijo sin el amparo de leyes que reconozcan el matrimonio igualitario o las familias homoparentales.
Migdely Miranda y Ginyveth Soto se casaron en Argentina en 2013 y tuvieron un hijo por reproducción asistida. Volvieron poco después a Venezuela, donde Ginyveth fue asesinada a finales de 2014, víctima de la desbordada criminalidad en este país.
«No pude decidir ni siquiera cuál era mi voluntad sobre el cuerpo de mi esposa, si yo quería que fuera cremada o enterrada. No tuve ni siquiera acceso a poder verla en la morgue. Era como si yo fuese una completa desconocida», rememora Migdely en Buenos Aires, adonde migró en 2015 con su niño, que ahora tiene 6 años de edad, en medio de una pugna judicial con los padres de Ginyveth, que nunca aceptaron su unión.
«Había muchas amenazas. Había una denuncia en puertas, un procedimiento que se llama inquisición de la maternidad, con la que los padres de mi esposa estaban solicitando quedarse con mi hijo», cuenta esta mujer de 37 años de edad.
Venezuela está atrás en la fila de Latinoamérica en cuanto a derechos de la población Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales). Por ello, organizaciones presionan para que la Asamblea Nacional electa en 2020 discuta una ley de matrimonio igualitario, pero solo han encontrado resistencia.
No se trata de un fetiche, sino de la puerta a derechos sistemáticamente negados, dice Haischel Escorche, una activista de 44 años de edad en el apartamento de construcción estatal que comparte en Caracas con su pareja, María Palacios, a quien llama cariñosamente Kika.
El debate va más allá de lo patrimonial, subraya Haischel. Debe incluir la adopción, la familia, el decidir qué hacer con el cuerpo de tu pareja si muere o un tratamiento médico.
¿Voluntad política?
Argentina fue pionera en la región al legalizar en 2010 el matrimonio igualitario y dar a las parejas homosexuales derechos a adoptar y a tratamientos de reproducción asistida como el que usaron Ginyveth y Migdely, que trasplanta del óvulo fecundado de la matriz de una a la de la otra.
Países como Uruguay, Brasil, Colombia y parcialmente México (15 de 32 estados) le siguieron.
«Casarme en mi país es mi derecho», se leía en una pancarta en una reciente manifestación en Caracas frente al Congreso.
Aunque la Constitución venezolana de 1999 aún establece que el Estado protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, el Tribunal Supremo de Justicia sentenció en 2008 que ello no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Y en 2016 determinó que las familias homoparentales deben tener protección.
Pero la Asamblea Nacional no ha legislado.
«Se nos está discriminando a través de la vía de la omisión. ‘Ni negamos, ni condenamos, pero tampoco afirmamos los derechos de la población Lgbti en Venezuela’», denuncia la abogada transexual Richelle Briceño, quien pide voluntad política.
Heischel dice que ha llegado a sentirse invisible.
Antes de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, Nicolás Maduro llamaba a debatir el matrimonio igualitario. Pero después dijo que no es prioridad cuando Venezuela sufre una devastadora crisis.
«Una vida distinta»
Activistas Lgbti se han reunido con la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento, pero no hay avances sustanciales en una Venezuela mayoritariamente cristiana, con el catolicismo como principal religión y los credos evangélicos ganando terreno.
Alfonso Campos, pastor evangélico y diputado que dice defender el matrimonio tradicional, alega que una ley de matrimonio igualitario requeriría una enmienda constitucional, lo que hace necesario un referendo.
«Los derechos no se consultan», responde Kika.
Las barreras vienen de altas figuras: Iris Varela, vicepresidenta del Parlamento, rechazó en una entrevista en televisión el matrimonio homosexual, planteando una comunidad patrimonial como alternativa.
Migdely, a quien se le negó la herencia de Ginyveth, recuerda momentos duros de sus primeros meses en Argentina, cuando el dinero no alcanzaba. Lamenta el vacío legal que dejó desprotegido a su hijo, negándole «una vida distinta, no sé si mejor o peor».
