La investigación por el crimen de la joven DJ Valentina Trespalacios, el cual conmocionó a Colombia, se ha visto truncada desde el comienzo por denuncias de la defensa del capturado Jhon Poulos por supuestas violaciones de sus derechos.
Desde las mismas audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, la defensa señala que no hubo una traducción adecuada con lo que el procesado no habría contado con todas las garantías.
El 31 de enero, al comienzo de la diligencia en la que iba a decidirse si le imponían medida de aseguramiento en cárcel, el abogado Martín Riascos presentó su renuncia al caso frente a presuntas amenazas; minutos después, lo mismo hizo la traductora Martha Lucía Morales, aunque su renuncia no fue admitida por el juez en el sentido de que la misma solo puede decidirla la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.
Los recursos de la defensa se extendieron a la acusación en la que la defensa pidió la nulidad de todo lo actuado con lo que pretende que el procesado recupere la libertad y se tengan que repetir las audiencias de imputación y petición de medida de aseguramiento.
La Fiscalía y la representación de la víctima se han opuesto a ese escenario.
Frente a cómo fallas en la traducción pueden afectar el proceso penal seguido contra el hombre, la abogada penalista Dalila Henao explicó que las “evidentes fallas que observamos en este proceso repercuten directamente en el derecho que tiene la familia de Valentina a recibir justicia, además de conocer la verdad y finalmente obtener algún tipo de reparación”.
Esto porque las fallas en la traducción pueden ser motivo de anulación de las audiencias.
“Podrían anularse todas las audiencias en las que no se haya garantizado que el indiciado comprendiera a cabalidad absolutamente todo lo que se mencionó en la diligencia, toda vez que ello impide que este pueda ejercer su derecho a la defensa material y, por ende, no se le estaría garantizando un proceso justo”, indicó Henao.
Finalmente, Henao dijo que decretar la nulidad de lo actuado en las audiencias preliminares supone para la familia de Valentina Trespalacios, entre muchas otras cosas, “presenciar una justicia negligente, tener que repetir unas audiencias que, además de no ser cortas por las evidentes complicaciones técnicas derivadas de la traducción simultánea, les recuerdan con detalle lo sucedido y, además, ralentizan la obtención de la tan anhelada justicia”.
El penalista Camilo Burbano coincidió y señaló que, para él, aquí hay una causal de nulidad clara.
“El derecho a contar con un intérprete en las audiencias es un derecho que hace parte del debido proceso, como lo ha reconocido claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional. Afecta claramente el derecho de contradicción y derecho de defensa. Es una nulidad absoluta, por lo tanto afecta todo el procedimiento posterior y las audiencias deberían repetirse y, además dejar a la persona libre”.
El 27 de abril, el juez del caso tomará una decisión que en todo caso podrá ser apelada y revisada en segunda instancia.
