Rodeado por asesores cubanos, el presidente Luis Arce impulsa cambios en el código penal para que las conductas y expresiones que produzcan “temor en la población” sean definidas como terrorismo y sus autores sean condenados a 25 años de cárcel, como ocurre en Cuba.
Pero, además, tiene un proyecto de ley que castigaría con ocho años de cárcel a quien fuera acusado de “discriminación y odio” racial, denuncian los diputados opositores.
El proyecto principal tiene el extraño apoyo de los dos bandos en que está dividido el MAS en todos los otros temas. Los dos bandos coinciden también en el respaldo a todas las iniciativas que aseguren la permanencia del fraude electoral, quienquiera que sea el candidato futuro del partido oficialista.
La misma iniciativa de reforma del código penal se propone aplicar la “censura previa” en los medios de comunicación e incluso en las redes sociales, según denuncian las organizaciones de periodistas muy decepcionadas por la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El propósito principal del proyecto de ley 280 es definir como terrorismo, con retroactividad, las afirmaciones de actores políticos que en 2019 denunciaron el fraude electoral cometido por el candidato Evo Morales, fraude que fue comprobado y demostrado por la propia OEA.
Arce se propone con esta medida dar a los jueces manejados por el gobierno el respaldo legal para que condenen a los opositores de entonces, como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, además Jeanine Áñez, y de esa manera espera contentar a Evo Morales, que acaba de romper con su gobierno.
Ruptura de Morales con el gobierno
En efecto, el cocalero dijo en la radio Kausachum Coca “el MAS no está en el gobierno; es absolutamente falso que hubiéramos pedido ministerios”, luego de haber definido a Álvaro García Linera, su vicepresidente durante catorce años, como “un enemigo más”. Este último respondió diciendo que sólo quiere que Morales deje gobernar a Arce y pueda volver a ser presidente.
El cocalero está de muy mal humor porque teme que se ha formado una alianza interna en el MAS para ponerlo en manos de la justicia internacional, sobre todo por cargos relacionados con el narcotráfico.
Las riñas internas en el MAS crean mucho ruido pero sobre todo una gran confusión, con acusaciones cruzadas, casi todas relacionadas con delitos de narcotráfico.
La última fue la revelación del ministro de gobierno Fernando del Castillo de que su antecesor, Carlos Romero, de la gestión de Morales, liberó al narcotraficante Rudy Sandóval, que acaba de ser asesinado por otros narcos en Brasil, a lo que Romero respondió dando al ministro 24 horas para que se retracte, salvo que quiera oír graves acusaciones contra él.
Las riñas incluyen también el tema económico, por supuesto, con acusaciones del ministro de economía Marcelo Montenegro, sobre el mal manejo de la cosa pública durante el gobierno de Morales, cuando Arce era ministro, aunque aclara que apunta al tema de los hidrocarburos.
Ahora surge un reto a duelo respecto de la política petrolera, cuando el presidente de la estatal YPFB, Armin Dorgathen, anuncia la llegada de una empresa extranjera para hacer auditoría de la gestión de la empresa en los últimos tres años de Morales y los dos primeros años de Arce. A ver, dice Dorgathen, cuál fue la gestión con mayores índices de corrupción.
La escasez de dólares en el mercado es una pelea aparte. Ante la falta de la moneda norteamericana, ahora casi todas las operaciones se hacen con el cambio paralelo, de 7,20 por dólar y no de 6,69 como estuvo desde 2013.
En las casas de cambio y entre los “cambistas” de las calles se comenta que ahora están escaseando incluso los narco-dólares que solían sostener la oferta. Sugieren que las organizaciones de los narcos estarían boicoteando de esa manera para perjudicar al gobierno de Arce, lo que hace que todas las miradas se dirijan hacia Morales.
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