Las autoridades de Chile expulsaron el domingo a 55 venezolanos desde la ciudad de Iquique, en el norte del país, en el contexto de un nuevo proceso de deportaciones que inició el gobierno chileno, muy criticadas por organizaciones de ayuda al migrante.
La Policía de Investigaciones (PDI) trasladó a los venezolanos en al menos cinco autobuses hasta el aeropuerto de la ciudad de Iquique (unos 2.400 km al norte de Santiago) vistiendo overoles blancos con capucha, mascarillas para evitar contagios por el covid-19, esposados y acompañados cada uno por un agente, para abordar un avión rumbo a Caracas, de acuerdo con imágenes proporcionadas por el Gobierno Regional de Tarapacá.
«Este es el primero de los vuelos contratados por la Subsecretaría del Interior y la Dirección de Extranjería y Migraciones para materializar expulsiones ya sean judiciales o administrativas. En este caso son 55 ciudadanos extranjeros», explicó Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, en rueda de prensa.
40 será deportados por haber ingresado a Chile por pasos prohibidos y los otros 15 por delitos como tráficos de migrantes, tráfico de drogas y robo, explicó Galli.
Con este nuevo proceso de expulsiones, el gobierno pretende deportar a unos 1.500 extranjeros durante este año y para ello arrendó 15 aviones comerciales que realizarán 15 vuelos.
Según datos del Ministerio del Interior, en lo que va de 2021 Chile ya expulsó a 200 migrantes en aviones de la Fuerza Aérea, operativos que continuarán paralelamente al proceso de deportación iniciado este domingo.
Organizaciones de ayuda al migrante denunciaron que estas expulsiones vulneran los derechos de los migrantes ya que se les confisca su documentación, se les impide el acceso a abogados, y que su arresto contradice la recién publicada Nueva Ley de Migraciones, vigente desde el 20 de abril.
Esta ley indica que los migrantes que ingresaron con pasaporte o tarjeta de identidad antes del 18 de marzo de 2020 pueden obtener una visa. Pero los migrantes que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, tienen un plazo de 180 días para salir del país y acudir a un consulado chileno en el exterior para solicitar una visa. Si su solicitud es admitida, podrán regresar.
«No se entiende que al mismo tiempo que la ley permite la regularización de estas personas, se las expulse sin darles la oportunidad de acogerse a este proceso», indicó el Servicio Jesuita a Migrantes.
