La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenan la represión contra personas manifestantes en el contexto poselectoral en Venezuela, y sostiene:
– Desde el fin de la jornada electoral del 28 de julio, organizaciones de la sociedad civil han contabilizado al menos 300 protestas espontáneas en todo el país, exigiendo atención a las denuncias de graves irregularidades en el conteo de votos, falta de transparencia, fraude electoral y obstáculos al proceso de auditoría ciudadana. Según registros de medios de prensa, organizaciones de la sociedad civil y particulares, al menos 115 de estas manifestaciones han sido violentamente reprimidas por el Estado, tras la previa advertencia del entonces candidato Nicolás Maduro de que podría haber «un baño de sangre y una guerra civil en el país».
– La represión, que replica patrones observados en 2014 y 2017 en un contexto de ausencia de Estado de Derecho y democracia, se está dando con el apoyo de grupos civiles armados conocidos como «colectivos». Estos grupos actuarían con el consentimiento estatal, según las organizaciones, bajo el «Sistema Popular de Protección para la Paz», que les habría atribuido tareas de vigilancia, seguridad y contraloría social. La actuación de los «colectivos» podría generar la responsabilidad internacional del Estado por su tolerancia, colaboración o aquiescencia del accionar de estos grupos en posibles graves y masivas violaciones de los derechos humanos.
– En cuanto a las violaciones al derecho a la vida e integridad personal como resultado de la violenta represión, organizaciones de la sociedad civil han registrado más de 11 personas fallecidas, la mayoría jóvenes, incluyendo al menos 2 adolescentes. Según información preliminar, al menos 9 de estas personas murieron por disparos de arma de fuego, algunos en la espalda o en la cabeza, lo que podría caracterizarse como ejecuciones extrajudiciales. La violencia también ha dejado más de 40 personas gravemente heridas.
– En el marco del patrón de persecuciones políticas previamente advertido por la Comisión, los líderes de la oposición han sido amenazados e indiciados. El dirigente opositor y exdiputado Freddy Superlano fue detenido por autoridades venezolanas el 30 de julio y habría sufrido torturas. La lideresa de oposición, María Corina Machado, quien desde 2019 cuenta con medidas cautelares de la CIDH, ha sido intimidada por parte del Ministerio Público simplemente por denunciar irregularidades en el conteo de votos. También se han registrado amenazas a la residencia de la Embajada de la República Argentina -en donde se encuentran refugiadas al menos seis personas de la oposición- lo que generó preocupación por las garantías de inviolabilidad de embajadas, especialmente, aquellas que brindan refugio a opositores políticos.
– En cuanto a la situación de la libertad de expresión, se recibió información sobre bloqueos a medios de comunicación y agresiones a periodistas y trabajadores de los medios, que incluyeron detenciones arbitrarias, impedimentos para la cobertura periodística y hostigamientos. Los registros indican al menos 60 casos de agresiones a la libertad de expresión, incluyendo al periodista Jesús Romero que resultó herido mientras cubría manifestaciones. Cinco periodistas fueron detenidos por fuerzas del orden y al menos cuatro periodistas han sido deportados.
La CIDH hace un llamado a la comunidad interamericana a mantenerse vigilante frente a la escalada de la crisis institucional en Venezuela y activar de forma concertada los canales diplomáticos tanto bilaterales como multilaterales. Asimismo, se pone a disposición de los más distintos actores internacionales para sostener un diálogo de alto nivel con el fin de apoyar en la solución duradera a la crisis democrática y de derechos humanos que perdura en el país desde hace más de 20 años.
