La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de siete líderes sindicales de la asociación civil Coalición Sindical Nacional de Trabajadores (CSNT) en Venezuela, tras identificar que se encuentran en situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Según la parte solicitante, las personas beneficiarias, entre la que destaca la secretaria femenina nacional de Encuentro Ciudadano, Leida Brito, mejor conocida como la Abuela del Casco Rojo, han tenido un rol de liderazgo en la convocación de manifestaciones desde el 2022, en el marco del instructivo ONAPRE que, entre otras cosas, habría establecido el recorte de pagos de salarios y desaplicado convenciones colectivas.
Brito, según detalló la parte solicitante, estarían sufriendo reiteradas amenazas, hostigamientos y vigilancia por parte de agentes del Estado por participar en las manifestaciones, incluso de forma directa por parte del subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Asimismo, estaría sufriendo vigilancia cuando se desplazan y en los lugares que habitan y familiares serían objeto de intimidación. Al respecto, se solicitó información al Estado en los términos del artículo 25 de su Reglamento, sin que se haya recibido respuesta.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por la parte solicitante, la CIDH consideró que Anneliese Josiel Toledo Castillo, Carlos Eduardo Salazar Ojeda, Elsa Isabel Castillo González, José Paulino Patines Guanique, Leída Rosa Brito de Lobo, Petra Margot Monasterios y Rafael Octavio Arreaza Padilla, líderes sindicales de la CSNT, se encuentran en una situación de riesgo que persiste a la fecha y se considera susceptibles que incremente, en el contexto actual del país, y tomó en cuenta que los hechos presentados serían de autoría de agentes estatales, lo que pondría a las personas beneficiarias en una especial situación de indefensión.
