Al menos 58 menores de entre 14 y 17 años siguen detenidos en Venezuela desde el 29 de julio pasado, según datos de la organización no gubernamental de derechos humanos Foro Penal.
Las detenciones se dieron en el contexto de las protestas postelectorales en el país, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara como ganador a Nicolás Maduro sin presentar los resultados detallados por centro y mesa de votación.
Abogado de Edmundo González desmiente al fiscal general de Venezuela quien dijo a CNN que el candidato opositor no asistió a citatorios gubernamentales por «presiones externas»
El Gobierno afirma que las protestas son impulsadas por la oposición para generar violencia y desestabilizar al país, mientras que las fuerzas opositoras lo niegan y acusan al oficialismo de reprimir manifestaciones e intentar concretar lo que consideran un fraude electoral, ya que aseguran que el candidato ganador es Edmundo González Urrutia, el principal rival de Maduro en la contienda.
Gonzalo Himiob, abogado y director de Foro Penal, dijo a CNN que desde el 29 de julio y hasta este lunes lograron confirmar el arresto de 142 adolescentes, de los cuales 58 siguen presos.
“Son datos que tenemos que seguir contrastando y corroborando continuamente porque no hay acceso oficial a la información”, explicó Himiob.
CNN hizo llegar una serie de preguntas al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, para indagar sobre la situación de los menores detenidos en el país, que tienen diferentes edades y condiciones, pero no obtuvo respuestas.
Los delitos por los que están imputados estos adolescentes son “incitación al odio” y “terrorismo”, aunque en muchos casos hay variaciones. “En algunos hay incitación al odio y obstrucción de la vía pública, en algunos casos es terrorismo y destrucción de la propiedad pública-privada”, dijo el director de Foro Penal.
De acuerdo con la legislación venezolana, son adolescentes todos aquellos menores de 18 años y mayores de 12, es decir, que tengan entre 12 y 17 años. Pero solo son imputables a partir de los 14.
En esos casos, las modalidades de enjuiciamiento son distintas a las de los adultos. Deben ser más rápidas: ser presentados ante el tribunal dentro de las 24 horas siguientes a su arresto, y las dos audiencias del proceso (una de presentación, primero, y luego otra preliminar, después) deben ser como máximo en los 10 días siguientes a su detención, explicó Himiob.
Estas condiciones, asegura, no se respetaron en los casos de estos menores. Incluso Himiob dijo que pudieron constatar casos de adolescentes de 13 años que, aunque ya fueron liberados, permanecieron detenidos pese a no ser imputables penalmente. “Eso refleja cómo fue de indiscriminado y generalizado” el procedimiento, apuntó.
“Tenemos incluso adolescentes con discapacidad que ni siquiera estaban participando de las protestas”, afirmó.
El abogado mencionó el caso de un menor que está dentro del espectro autista y fue detenido el 29 de julio en Los Nuevos Teques, en el estado Miranda. Estaba en la puerta de su casa cuando ocurrían las manifestaciones, sin participar de la protesta. Foro Penal constató que hasta el jueves seguía privado de su libertad.
Yanire Jaimes, madre de un menor de 15 años detenido en el estado Barinas el 2 de agosto, y excarcelado el 23 de agosto, denunció en un video que el joven fue apresado “sin ninguna prueba” y que su hijo, que tiene parálisis facial, “fue golpeado y maltratado”.
“Lo único que se llevaron fue una bandera de Venezuela, una máscara de Spiderman y una pistolita de un niño de 5 años”, dice Jaimes en el video con lágrimas en los ojos. “Si ustedes lo ven, ni siquiera se ha desarrollado”, agrega la mamá del joven.
La última excarcelación de un grupo de menores que verificó Foro Penal ocurrió el sábado 31 de agosto, cuando 19 adolescentes fueron liberados tras sus audiencias judiciales.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón, que monitorea y atiende los casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, consideró que “es inaceptable que menores de edad sean objeto de detenciones arbitrarias y abusos en el contexto de su derecho a la protesta pacífica”, y exigió la “liberación “inmediata” de quienes aún están privados de su libertad, “así como el respeto a sus derechos conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) y en la Constitución”.
Pero estos 142 casos de adolescentes que pudo constatar Foro Penal podrían no ser los únicos.
“Definitivamente es posible que haya más casos que todavía no conozcamos. El miedo ha jugado un papel importante en la dificultad para obtener los datos”, agregó Himiob.
Esto puede explicarse en parte porque en muchos casos son personas “en una situación de particular vulnerabilidad”, algo que también ocurre en las detenciones de adultos. “El 99% de las personas detenidas en general, adolescentes y adultos, son personas muy humildes, viven en las zonas menos favorecidas económicamente de todos los estados del país”, señaló Himiob.
El otro factor es el miedo a reportarlo por la posibilidad de enfrentar represalias. El director de Foro Penal afirma que los cuerpos de seguridad y las fiscalías de los tribunales “les dicen que si reportan sus casos les va a ir peor, van a ir presos, o los van a condenar a la pena máxima”.
Además, algunos familiares y defensores privados y de las oenegés denuncian impedimentos para acceder a los expedientes, permitiendo solo que un defensor público asuma el caso. Esto dificulta el acceso a información precisa y certera, que en ocasiones se ve en situaciones como traslados de los que no hay aviso.
Desde Foro Penal montaron un operativo donde los representantes legales que tienen en los distintos estados averiguan en las cárceles si hay menores detenidos allí, “pero las cárceles no dan la información”, afirma Himiob. Según su visión, “hay una evidente política de Estado para impedir que cualquier persona que no sea un defensor público se involucre en estas causas”.
Dónde están detenidos los 58 menores que registra Foro Penal
“Lo que tenemos de ellos es cuál fue su último centro de reclusión conocido, porque en muchos casos hubo traslados sin avisar a nadie. No podemos afirmar con certeza absoluta que siguen en esos centros porque ni a nosotros ni a los padres nos dan la información”, dijo Himiob sobre la ubicación de los menores aún detenidos.
De acuerdo con esa información, gran parte de los menores fueron trasladados a los centros especializados en responsabilidad penal para adolescentes.
Algunos fueron llevados al retén de menores de Caraballeda, en el estado La Guaira; y otro grupo importante fue llevado al Centro de Internamiento de Menores “Los Cocos”, en el municipio Mariño, estado Nueva Esparta, detalló Himiob.
Qué procesos enfrentan los menores excarcelados en Venezuela
Quienes han salido en libertad “no tienen una libertad plena”, ya que salieron de la cárcel con medidas cautelares, aclaró Himiob.
Como el proceso sigue en curso, los menores tienen la obligación de presentarse cada cierto tiempo ante el tribunal, más o menos cada semana; la obligación de comparecer a las citaciones; y se les prohíbe participar en manifestaciones o en actos públicos.
Eventualmente podrían ser hasta condenados y volver a prisión, advirtió el director de Foro Penal.
