El alto al fuego pactado entre el gobierno de Colombia y la guerrilla izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzó este jueves 3, deberá regir durante 180 días y contará con verificación por parte de las Naciones Unidas.
“A partir de hoy entró en vigor el cese bilateral, nacional y temporal entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. El gobierno del presidente Gustavo Petro protege la vida de todos los colombianos”, anunció la oficina del alto comisionado del gobierno para la paz, Danilo Rueda.
El cese al fuego fue pactado el 9 de junio, durante una de las rondas de negociaciones entre las partes realizadas en La Habana, y se percibe como factor clave en el proyecto de “paz total” que impulsa Petro, primer presidente de izquierda en el país, en relación con distintos grupos armados que actúan en el país.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó ampliar el mandato de su misión en Colombia para que se ocupe de verificar el alto al fuego, y el secretario general, António Guterres, dijo que están listos iniciar esa parte de los trabajos.
“Los continuos esfuerzos de Colombia por ampliar la paz mediante el diálogo avanzan”, dijo Guterres al felicitar tanto al gobierno como al ELN, y exhortó a las partes a “mantener su compromiso para aliviar el sufrimiento de los civiles”.
Durante la jornada se instaló en esta capital el Comité Nacional de Participación (CNP), también negociado entre el gobierno y el ELN para procurar que numerosos actores sociales e institucionales participen en los diálogos que puedan conducir a una paz sólida.
“Desde muchas décadas hemos dicho que esto no lo resuelve un diálogo de dos, para los problemas de Colombia eso es insuficiente. Nuestra esperanza es que esto sea muy incluyente, muy masivo. Aspiramos a que nadie se quede afuera”, dijo el comandante guerrillero Pablo Beltrán, alias de Israel Ramírez, al intervenir en la instalación del CNP.
De su lado, el jefe del equipo gubernamental, Otty Patiño, dijo que “por primera vez desde que se inició este conflicto armado que dura ya casi 60 años, el Estado, la sociedad colombiana, la comunidad internacional y el ELN nos reunimos para emprender un intenso proceso de concurrencia y construir la paz”.
“Se trata de buscar un camino a esa visión de paz que compartimos”, agregó Patiño.
El CNP debe recoger, en todo el país, propuestas de las comunidades y organizaciones acerca de los cambios que se requieren para apuntalar socialmente el proceso de paz, y con ellas formular políticas y proyectos que discutirán los negociadores del gobierno y el ELN.
El ELN, una guerrilla fundada en 1964, tienen unos 2000 combatientes, según fuentes castrenses, ha hecho presencia en más de 200 municipios y es la formación guerrillera más grande en la región, después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se desmovilizaron tras firmar un acuerdo de paz en 2016.
Durante las tres últimas décadas el ELN acudió a diálogos orientados hacia la paz, con distintos gobiernos, pero resultaron infructuosos y nunca se había concretado un cese del fuego, como el pactado a raíz de negociaciones emprendidas en diciembre de 2022 con el gobierno de Petro.
La comandancia del ELN divulgó vídeos ordenando a sus columnas que cesen todas las operaciones ofensivas, y aunque el pacto del cese al fuego no especifica cuáles acciones sí estarán permitidas, las partes se han comprometido a “no realizar acciones prohibidas en el derecho internacional humanitario”.
La Defensoría del Pueblo pidió en particular que el ELN deje de mantener a menores de edad en sus filas, pues “nuestros niños, niñas y adolescentes no pueden estar, por ningún motivo, empuñando armas a la fuerza para atentar contra los mismos colombianos”, según dijo su titular, Carlos Camargo.
Para el cese del fuego ha entrado en vigencia un mecanismo de verificación y monitoreo –que contaría con respaldo de la ONU- para vigilar el cumplimiento de la medida, con informes mensuales que permitirán a los contendientes prolongar la tregua o suspenderla.
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Cortesía de IPS Venezuela
