El suministro de gas doméstico se ha convertido en una noticia que los gobernadores del partido de Gobierno de Nicolás Maduro anuncian como propaganda, publican videos en las redes sociales, con mensajes para destacar la eficiencia de sus gobiernos. Quizá sea el único país del continente donde surtir un cilindro de gas, sea motivo de foto, video y discurso.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
Registrar un día de lo que ocurre en Venezuela, da la idea de la desgarradora crisis que vive el país. Hay problemas que se han hecho permanentes, por ejemplo, el suministro de combustible, que mantiene a miles de personas en horas y días de cola en las estaciones de servicio, esperando surtirse en algún momento. Los servicios básicos son caóticos: agua y gas doméstico, que en algunos sitios pasan meses sin recibir. Pretender tener electricidad regular o acceso a buen Internet o comunicaciones telefónicas, es un lujo. Hablamos de la vida cotidiana sin posibilidades de que la población en general aspire a recibir atención en centros hospitalarios bien dotados o contar con ingresos dignos para adquirir alimentos.
Tomamos el registro que hizo la organización FundaRedes, a través de su Red de Activistas en el país y su Observatorio de DDHH en cuatro estados fronterizos de Venezuela, del monitoreo el martes 28 de julio, en el marco de la contingencia, identificando, registrando y documentando el contexto de derechos humanos y sus vulneraciones derivadas de la pandemia ocasionada por COVID -19.
El primer elemento para destacar son las Restricciones para acceder a los alimentos y servicios básicos en tres estados con características similares en cuanto a clima de temperaturas muy altas: Zulia, Falcón y Bolívar.
En el fronterizo estado Zulia, habitantes del barrio Milagro Sur en el municipio San Francisco, denunciaron la crisis por la deficiencia de los servicios básicos. “Manifiestan vivir con escasez de agua y gas, con constantes cortes eléctricos y ausencia de aseo urbano”.
Uno de los elementos que explica el drama venezolano, específicamente en el Zulia, estado cuyas temperaturas pueden llegar a los 40 grados, “detallaron que tienen más de tres años sin recibir el recurso hídrico por tubería, teniendo que salir a buscar en pipas a barrios vecinos o adquirir camiones cisterna a precios exagerados”.
“Durante los meses de confinamiento han vivido momentos de angustia por no tener como cumplir las medidas de higiene para evitar el contagio y propagación del COVID-19”, destaca Fundaredes, quien hace énfasis en la necesidad de contar con agua potable, necesaria para el aseo y particularmente el lavado constante de las manos ante la pandemia que azota al mundo.
Falcón es otro estado con temperaturas muy altas en la mayor parte de su territorio, aunque sus playas son de las más hermosas del país, las fallas de agua potable son realmente graves. Hay comunidades que durante meses no reciben el vital líquido.
Pero Fundaredes detalla, para ese 28 de julio, otro problema prioritario para la comunidad, como es la ausencia de gas doméstico. “Madres elaboradoras que trabajan en diferentes instituciones educativas del municipio Zamora, cuya capital es Puerto Cumarebo, denuncian que están cocinando los alimentos provenientes del Programa Alimentario Escolar (PAE) en fogones improvisados por la falta de gas doméstico”.
“Expresaron que el humo producido por la leña les está causando serios problemas respiratorios y les da temor acercarse a los centros de salud en busca de atención médica, primero por las deplorables condiciones en que están y segundo por el creciente aumento de casos de COVID-19 en la región”.
No es menos dramático lo que sucede en el estado Bolívar, al oriente de Venezuela. Habitantes de la parroquia Dalla Costa de San Félix, municipio Caroní del estado Bolívar, que junto a Puerto Ordaz conforma Ciudad Guayana, “rompieron el confinamiento y se concentraron en la calle principal para exigir a PDVSA GAS el despacho del servicio de gas doméstico”.
“Los manifestantes indignados denunciaron que tienen 6 meses a la espera del llenado de los cilindros de 18, 27 y 43 kilos, expresaron que cientos de familias en medio de la crisis por el COVID-19 están cocinando con leña y sufriendo afecciones respiratorias”, refleja Fundaredes.
Violación de derechos humanos
La ONG citada tomó casos de los estados fronterizos Táchira y Zulia, donde ese día habrían ocurrido casos de discriminación o de violación de los derechos humanos.
En Táchira, “comerciantes que desarrollan su actividad económica dentro del mercado de los Pequeños Comerciantes en el municipio San Cristóbal, denuncian que, con las medidas de confinamiento, les están limitando severamente su derecho a trabajar, indican que no les han permitido abrir sus negocios, los cuales están acondicionados con las medidas de bioseguridad”, pero aseguran que sí permiten trabajar a vendedores informales sin ninguna protección.
Por otra parte, la Asociación Zuliana de Ciegos (AZC), en el estado Zulia, “clama por asistencia humanitaria, ya que requieren la asignación de medicamentos de alto costo para atender diversas patologías”.
“Indican que varias personas con limitación visual, que forman parte de los pacientes crónicos de la región, han suspendido sus tratamientos por falta de medicamentos prioritarios, situación que les está desmejorando la calidad de vida y dejándolos vulnerables ante el COVID-19”.
En otro aspecto, “trabajadores jubilados del sector petrolero, se concentraron en diversos puntos de la Costa Oriental del Lago, estado Zulia, para protestar y exigir a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) el pago de los gananciales del fondo de pensiones, el cual no cancelan desde el año 2015”.
“Además, solicitaron la restitución del seguro de asistencia médica, dotación de medicamentos, reintegro de gastos médicos y el pago de intereses del pagaré vencido, los manifestantes manifestaron estar cansados de sufrir discriminación y no ser escuchados en sus reclamos”.
Ese día 28, en Táchira, “el Gremio del transporte público de la región, denuncia que la paralización del servicio de transporte ordenado por la Zona Operativa de defensa Integral (ZODI), les está afectando notablemente en su calidad de vida, ya que al no poder salir a trabajar, no tienen ingresos para llevar el sustento a sus hogares”.
Los afectados “solicitan a las autoridades tener un poco de flexibilidad y permitirles cumplir algunas rutas, aplicando las medidas de bioseguridad pertinentes para evitar el COVID-19, ya que según expresa, si no mueren por coronavirus, morirán aguantando hambre”.
Negligencia
Un caso del estado Bolívar ocurrido ese día, es importante para el tema “negligencia de autoridades en materia sanitaria”, según refleja Fundaredes, quien destaca la denuncian sobre el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Puerto Ordaz, el cual “se encuentra completamente colapsado con pacientes sospechosos de COVID-19”.
“Ellos indican que no cuentan con las pruebas rápidas para realizar el respectivo descarte y menos aún con los insumos médicos y tratamientos para dar atención a quienes resulten positivos con el coronavirus”.
“Habitantes afectados manifestaron que en el centro asistencial no cuentan con los recursos para atender al público en general y además resaltaron que no poseen camillas, tampoco con los medios para nebulizar a pacientes y aires acondicionados que garantice una mejor ventilación. Los afectados hacen un llamado a las autoridades competentes para que les garantice el derecho a la salud”.
Aunque Fundaredes no hace especial énfasis, en ese día de informe, al problema eléctrico, es necesario resaltar que es uno de los principales dramas que está afectando al país. En el interior del país, hay comunidades que deben soportar cortes eléctricos, incluso dos veces al día de seis horas cada uno.
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