El máximo tribunal dio luz verde al gobierno para retirar la protección a miles de inmigrantes de manera temporal, por lo que los afectados quedan con la incertidumbre de saber si podrían ser deportados mientras los jueces alcanzan una resolución definitiva sobre el caso.
Unos 350,000 venezolanos en Estados Unidos fueron colocados en una especie de limbo migratorio y en riesgo de ser deportados después de que la Corte Suprema permitiera este lunes al gobierno de Donald Trump retirar la protección legal con la que contaban.
La orden de la corte suspendió así el fallo previo de un juez federal en San Francisco que mantenía vigente su Estatus de Protección Temporal (TPS), y que el Ejecutivo había anunciado que finalizaría el mes pasado.
Sin embargo, es importante resaltar que el máximo tribunal no eliminó este lunes el TPS, sino que concedió la solicitud de emergencia presentada por el gobierno para obtener luz verde temporal a sus planes mientras el caso continúe litigándose en los tribunales. Una corte federal de apelaciones había rechazado previamente la solicitud del Ejecutivo.
Por ello, hasta que los jueces alcancen una resolución definitiva sobre este caso, las decenas de miles de venezolanos afectados quedarían prácticamente a la deriva y con la incertidumbre de saber si podrían ser o no deportados antes de la decisión judicial final sobre su TPS.
“La pérdida inmediata de nuestro TPS nos causa un daño extraordinario. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos”, dijo este lunes en un comunicado una de las personas venezolanas demandantes en el caso, junto a la organización promigrante Alianza TPS.
Pese a todo, el fallo judicial del lunes es un balón de oxígeno para Trump, quien el viernes atacó duramente a la Corte Suprema por mantener el bloqueo a las expulsiones de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada contra venezolanos a los que su gobierno señala de ser pandilleros pese a no haber sido acusados formalmente ni mucho menos condenados.
¿Qué puede pasar ahora con los venezolanos que contaban con el TPS?
Hasta el fallo judicial de este lunes, que no deja de ser una medida temporal, la falta de un posicionamiento claro de la Corte Suprema sobre el futuro de este TPS ha sumido a los inmigrantes en incertidumbre a la espera de conocer cuáles serán los siguientes pasos del gobierno.
Según Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y uno de los abogados que presentó la demanda, el Ejecutivo de Trump puede proceder ahora de distintas maneras.
Una de ellas sería eliminar de inmediato la protección de los cientos de miles de migrantes, basándose en la orden de la Corte Suprema. Otra podría ser otorgar un plazo de 60 días a los afectados. Por último, el gobierno podría esperar a que se resuelva la querella legal de manera definitiva, antes de tomar cualquier medida.
«El impacto humanitario y económico de la decisión de la Corte se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones», dijo el abogado, quien definió la decisión del máximo tribunal como «la mayor acción en la historia moderna de EEUU para despojar a cualquier grupo de no ciudadanos de su estatus migratorio».
«Esta decisión colocará a las familias en una posición imposible, en la que tendrán que elegir entre sobrevivir o la estabilidad», le dijo a la agencia AP Cecilia González Herrera, quien presentó la demanda para intentar impedir que el gobierno federal le revocara las protecciones legales a ella y a otras personas en la misma situación.
«Los venezolanos no son criminales. Todos merecemos la oportunidad de prosperar sin ser enviados de regreso al peligro», agregó.
El TPS permite a las personas que ya están en EEUU vivir y trabajar legalmente debido a que sus países de origen se consideran inseguros por desastres naturales o conflictos civiles.
La preocupación y el miedo entre miles de venezolanos tras el fallo de la Corte Suprema sobre el TPS
Mariana Moleros, su esposo y su hija salieron de su natal Venezuela en septiembre de 2005. Denuncian haber recibido amenazas de muerte por su abierta oposición al gobierno de Nicolás Maduro.
Llegaron a EEUU con la esperanza de encontrar paz y protección y solicitaron asilo, pero su solicitud fue denegada.
Se les concedió entonces el TPS de manera temporal, pero ahora viven nuevamente con miedo a ser detenidos y deportados a un país donde no se sienten seguros.
«Hoy nos exponen a todos a ser encarcelados en Venezuela si EEUU nos regresa”, le dijo a AP esta abogada venezolana de 44 años que vive en Florida. “No pueden deportar a alguien que puede ser asesinado, que va a ser torturado y encarcelado”, añadió.
La próxima semana está prevista una nueva audiencia frente al juez federal Edward Chen, quien pausó en abril la cancelación del TPS ordenada en febrero por el gobierno.
Chen concluyó que el fin del programa amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en actividad económica perdida.
El juez, quien fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama, determinó que el gobierno no había demostrado que mantener el programa vigente causara algún daño.
Sin embargo, el procurador general D. John Sauer escribió en nombre del gobierno que la orden de Chen interfería indebidamente con el poder de la presidencia en materia de inmigración y asuntos exteriores.
Además, Sauer dijo que las personas afectadas podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en EEUU porque la «decisión de terminar el TPS no equivale a una orden de deportación final».
El gobierno califica de “victoria para el pueblo estadounidense” el fallo judicial sobre el TPS de venezolanos
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) calificó este lunes la decisión de la Corte Suprema como una «victoria para el pueblo estadounidense y la seguridad de nuestras comunidades».
También criticó que el Ejecutivo del expresidente Joe Biden «explotó programas para permitir la entrada al país de migrantes cuyos antecedentes fueron revisados de manera deficiente».
«El gobierno de Trump está restituyendo la integridad en nuestro sistema de inmigración para mantener segura a nuestra patria y a su gente», dijo la portavoz Tricia McLaughlin.
Este es el más reciente caso en una serie de apelaciones de emergencia que el gobierno federal ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con su política migratoria.
En el caso sobre el TPS, el gobierno ha tomado medidas agresivas para retirar varias protecciones que han permitido a los inmigrantes permanecer hasta ahora en el país, incluyendo el fin del estatus de protección temporal para 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos.
El DHS anunció la semana pasada que el TPS para las personas procedentes de Afganistán —el cual se otorgó por primera vez en 2022— llegará a su fin a mediados de julio.
El Congreso de EEUU creó el TPS en 1990 para eximir de la deportación a personas procedentes de países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.
