En la historia de la humanidad se registran robos de robos. Uno de esos espectaculares asaltos ocurrió en Buenos Aires, Argentina, el año 2006. Un botín estimado en más de 19 millones de dólares fue el producto de esa aparatosa fechoría que tuvo como autores a un grupo de delincuentes que, para acometer tal delito, redujeron a rehenes a 23 personas, mientras embolsaban joyas, pacas de billetes y violentaban las cajas de seguridad de la entidad bancaria objeto de tal despojo. Ese acontecimiento fue calificado como «el robo del siglo» y dio lugar a famosas representaciones cinematográficas.
Por ANTONIO LEDEZMA – El Debate
Pues bien, si esa pillería se ganó el distintivo de «robo del siglo», ¿qué titulo se le pondría a una película que relate el gran saqueo que se viene desarrollando en Venezuela? Un país desvalijado progresivamente que, seguramente, daría para muchísimos capítulos para una serie proyectada por Netflix.
Uno de esos capítulos sería la escenificación del último atraco de más de tres mil millones de dólares que deja pálido, reducido a una ínfima pestaña de mosquito, el suceso consumado en esa entidad bancaria de Buenos Aires. Un escándalo más que se suma a la cadena de denuncias de hechos irregulares que se han producido a lo largo de estos 23 años de falsa revolución del Socialismo del Siglo XXI.
Otra vez se repite la puesta en escena de una guerra a muerte entre las mafias que controlan cuotas de poder en esa corporación criminal que mantiene bajo secuestro el territorio nacional, sus instituciones y a millones de ciudadanos encarcelados en ese campo de concentración al que ha sido reducido nuestro país.
El epicentro vuelve a ser la empresa petrolera estatal PDVSA. Busquen en redes (Google, YouTube, etc.), estimados lectores, el caso Rafael Ramírez, quien estuvo al frente de esa compañía de hidrocarburos por mas de 10 años y se encontraran con prolijas denuncias que partieron de los propios despachos del chavomadurismo, desde donde también se emitieron las órdenes de captura contra el sucesor de Ramírez en la presidencia de PDVSA, Eulogio Del Pino, que aun permanece preso por ordenes de «la revolución», con mejor suerte que Nelson Martínez que terminó muriendo en la cárcel en la que lo habían metido sus «compañeros de revolución».
Todo por pleitos por los botines, por los dólares y estafas que se imputan unos a otros, que involucran a muchos dirigentes encumbrados que terminaron desplomándose de sus atalayas de poder tal como ahora le toca el turno a Tareck El Aissami.
Corrupción bajo el mandato de Chávez
Lo cierto es que, esta nueva purga al más rancio estilo estalinista, nada tiene de purificadora de un régimen putrefacto como el que desgobierna a Venezuela. Lo que estamos volviendo a ver es una fiera lucha entre las bandas que reclaman su bocado derivado de esas andanzas de corruptelas que han sido denunciadas, una y otra vez, desde el mismo momento en que se inauguró Hugo Chávez en el ejercicio del poder en 1999.
Comenzaron instalando el Plan Bolívar 2.000 a cargo de militares, programa gubernamental que, naciendo, se contaminó del fatal virus de la corrupción. Ese hecho, al igual que innumerables estafas a costas del erario público venezolano, fueron suficientemente denunciados, «con pelos y señales», en un libro llamado El Gran Saqueo escrito y muy bien documentado por el exgobernador Carlos Tablante y el experto en seguridad Marco Tarre Briceño.
En ese texto están detalladas todas esas irregularidades que se cometieron muchísimo antes de que se hablara de aplicaciones de sanciones al régimen madurista. O sea, que la tragedia social, económica y el desmadre de la infraestructura del país, nada tiene que ver con esas penalidades dictadas desde las instituciones de los Estados Unidos, sino a la más descarada y descomunal corrupción, sin parangón, en la historia de la humanidad.
El propio exministro Jorge Giordano, reputado como el gurú planificador de la revolución, aseguró el año 2013, públicamente, de la existencia de un esquema de fraude en conexión con las llamadas «empresas de maletín» a las cuales se les otorgaron, por lo menos, 25 millardos de dólares. Ese monto es equivalente a casi el doble de los recursos contemplados por el Plan Marshall que se activó después de la segunda Guerra Mundial.
Un robo de tres millones de dólares
El robo de hoy que nos ocupa, ese atraco entre ellos de más de tres mil millones de dólares, es otro capítulo como aquel escrito con la historia real de la compra con sobre-precio de miles de toneladas de alimentos, para que después se pudrieran en los puertos del país. Crearon el mamotreto de PDVAL, se otorgaron a empresas de «maletín» de los amigos de la revolución, miles de millones de dólares para importar 170 toneladas de alimentos y eso fue en el año 2010, nada de que ver con sanciones.
En Venezuela tenemos constantes fallos en el suministro de luz, porque los miles de millones de dólares que se destinaron para reparar turbinas, instalar termoeléctricas y adquirir plantas eléctricas se los robaron. ¿Y qué paso?, que Venezuela está a oscuras y los falsos revolucionarios muy ricos, a expensas del dinero de los venezolanos.
En mi reciente libro De Dónde Venimos y Hacia Dónde Vamos (Pág., 321) ofrezco datos que confirman que en esta etapa de Chávez-Maduro, nada más, entre los años 2010 y 2013, se destinaron 120.000 millones de dólares para proyectos de electricidad.
No rinden cuentas ni se castiga a los responsables de semejante asalto al erario público. Trataron de excusarse en el fenómeno de El Niño, después apelaron a la figura siniestra de los animales, como «la Iguana que mordió unos cables» o en supuestos actos de sabotaje.
De igual manera, cálculos realizados para el informe de Transparencia Venezuela determinaron que, entre 2003 y 2019, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro destinaron al Ministerio de Salud y a la misión Barrio Adentro, creada para impartir atención primaria en las zonas más vulnerables, alrededor de 80.000 millones de dólares.
La investigación ayuda a hacer estimaciones sobre la pérdida sufrida por el país en, al menos, 17 casos de presunta gran corrupción que han sido denunciados por órganos de investigación penal, nacionales y extranjeros. Solo en los expedientes referidos, el patrimonio público comprometido sobrepasa los 5.000 millones de dólares. De ese monto se destinó a la Fundeeh, desde su creación en 2016 hasta 2019, cerca de 2.300 millones de dólares.
Si continúo agregando casos específicos, como los robos de los dineros destinados para construir el ferrocarril, o las líneas del metro, o los segundos puentes sobre el lago de Maracaibo o sobre el río Orinoco, la recuperación del río Guaire, las centrales azucareras; los dineros asignados a la banca nacional que fueron expoliadas, los centros lecheros, hatos, haciendas, cementeras y fabricas expropiadas; los milmillonarios regalos de «la revolución» a sus amigotes del Foro de Sao Paulo, la compra de la flota de aviones para que viajen los castristas, Daniel Ortega, Evo o sus socios argentinos, abarcaría varias cuartillas.
Basta con replantear que esa escalofriante orgía de corrupción da lugar a bautizarla como el «Robo del Milenio», se estima que la cifra oscila entre los 400 mil y 600 mil millones de dólares. Pero además que es parte del entramado de narcotráfico, terrorismo y crímenes de lesa humanidad que tienen a Maduro y a su banda en la mira de la Corte Penal Internacional.
