El vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) núcleo Guayana, planteó que hay que pensar en Guayana como una región que puede ofrecer una alternativa económica sustentable que, impulse un cambio político y desplace el modelo económico extractivista.
Por Laura Clisánchez / correodelcaroni.com
Aseguró que desarrollar una idea alternativa de oportunidad económica que desplace la extracción de oro que se impone al sur del estado Bolívar y en toda Venezuela, y que destruye la Amazonía, es parte del trabajo que debe gestar la universidad como institución.
Las propuestas del académico surgieron en el foro Guayana Sustentable 2020, que también contó con la participación del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, Ronald Balza y el Dr. Francisco Javier Velasco, representante del Observatorio de Ecología Política.
El vicerrector sostiene que el cambio en Venezuela no nace de un punto estrictamente político, sino de un movimiento económico lo suficientemente importante como para generar un cambio político, un modelo que reemplace la extracción minera, especialmente aurífera.
Peraza advirtió que la sociedad venezolana ha girado hacia un modelo económico extractivista que impone violencia, pobreza y miseria. Es decir, que la sociedad venezolana abandonó los modelos de progreso y modernidad.
Y por eso, plantea que hoy es indispensable desde la academia y otros sectores, generar la fuerza necesaria para convencer a la sociedad venezolana que el modelo del Arco Minero del Orinoco (AMO) creado en 2016, es insostenible desde el punto de vista económico, social, cultural y político. “Necesitamos convencer a la población de la insostenibilidad y del perjuicio que a ellos mismos les causa el modelo extractivista”, resaltó.
Para el especialista, evidenciar la relación de explotación y pobreza del modelo económico extractivista es fundamental para lograr imponer modelos amigables con la preservación del ambiente, la biodiversidad, la cultura, sustentados en la creatividad, el emprendimiento y el trabajo.
“Necesitamos repensar el modelo, pensarnos como región, conectarnos con un proceso de desarrollo de toda la región amazónica”, dijo. Planteó pensar en tres modelos culturales de desarrollo socioeconómico distintos: la ciudad, modelos de desarrollo agrícola y una convivencia con los modelos de desarrollo de los pueblos originarios.
Peraza señaló que lo que sucede en la Amazonía venezolana con la extracción minera en todas sus escalas, tiene un alcance global porque involucra el conflicto medioambiental, la violación sistemática de derechos humanos y la trata de personas, implica nuevos modelos de pobreza y explotación laboral, y también mafias globalizadas porque no son solamente locales, sino que tienen enlaces nacionales y a su vez, alcance internacional.
El representante del Observatorio de Ecología Política, Francisco Javier Velasco, aseguró que las nuevas alternativas de sostenibilidad que necesitan abrirse camino en Venezuela, tienen que partir de las particularidades de las regiones, y para ello, se debe evitar pensar en un desarrollo uniforme.
Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, sostiene que se debe promover cuanto antes, un debate democrático y la nulidad inmediata del AMO.
También señaló que debe haber un proceso de reconversión laboral de la población minera hacia otras posibilidades que generen empleo y otras actividades que tengan que ver con el cuidado ambiental.
Falacias de la megaminería
En el momento de su creación, el proyecto del AMO contemplaba la explotación racional de la minería, que la actividad extractiva no implicaría mercurio y, que se practicaría de la mano de tecnologías eco amigables, además de que se promocionó un modelo en el que los derechos humanos serían protegidos, y se pondría fin a la explotación laboral y la esclavitud, pero esto no sucedió.
Velasco reiteró que el Arco Minero del Orinoco se opone a la retórica oficial del ecosocialismo y que no cumple con los contenidos de protección del patrimonio nacional que establece la Constitución.
Además, desmiente que la minería sea un motor de desarrollo nacional. “No hay un solo ejemplo en el mundo que indique que la minería en verdad contribuya con el desarrollo sostenible de una nación”, dijo.
Velasco explicó que la minería tiene poca capacidad de generar empleos directos, y también indirectos porque, incluso, el refinamiento y aprovechamiento de los minerales se hace fuera del país.
El modelo minero también es inestable porque está supeditado a la evolución de la actividad minera, que implica desarraigo del territorio y devastación ambiental.
Esto además de que no mejora las condiciones sociales, aumenta las tensiones locales, los conflictos entre mineros, comerciantes y el pranato, la división de comunidades indígenas entre miembros que ven la tierra como sagrada y miembros que echan mano de la extracción minera, el aumento de la migración forzada y fenómenos sociales como, niños dejados atrás, inseguridad, tráfico de armas y droga, trata de personas, torturas, desapariciones y otras violaciones a los Derechos Humanos, entre otros problemas socioambientales en los que el Estado es cómplice, señaló el experto.
“Incluso hay una desterritorialización del Estado, que tiene fuerza para reprimir, pero no para impulsar el desarrollo”, sentenció.
Los expertos sostienen que la minería que se impuso como alternativa petrolera a partir de 2016, nunca ha sido ni podrá ser sustentable ni institucionalizada, además, de que oculta los costos sociales y económicos.
La región Guayana tiene 1.781 puntos de minería ilegal cercanos a cuencas de ríos y reservas forestales intervenidas como Sierra Imataca y el Parque Nacional Canaima. A esto se suma el registro indeleble e incalculable de asesinatos y desapariciones forzadas.
Los expertos han señalado que los daños ambientales que provoca la minería en la Amazonía, son irreversibles y urge detenerlos.
