El Tribunal Supremo español (TS) condenó este lunes, 14 de octubre, a 13 años de cárcel al exvicepresidente de la comunidad autónoma de Cataluña Oriol Junqueras y a penas de hasta 12 años a otros ocho procesados como culpables de sedición y malversación en el proceso por el que trataron de alcanzar la independencia de esa región en 2017.
Tres antiguos consejeros del gobierno autonómico catalán fueron condenados a 12 años de cárcel por sedición y malversación: Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; mientras que sus compañeros Joaquim Forn y Josep Turull tendrán que cumplir 10 años por sedición.
La expresidenta del Parlamento autónomo catalán Carme Forcdell fue condenada a una pena de 11 años y 6 meses, en tanto que los líderes de asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron condenados a 9 años de prisión, todos por un delito de sedición.
Los nueve condenados, que cumplen ya prisión preventiva, son inhabilitados por el mismo tiempo de condena para ejercer cualquier cargo público.
Otros tres procesados que estaban en libertad condicional fueron absueltos del delito de malversación y no irán a la cárcel.
El Alto Tribunal juzgó a los doce líderes soberanistas encausados entre febrero y junio pasados por la organización de un referéndum ilegal de «autodeterminación» el 1 de octubre y una declaración parlamentaria el día 27 a favor de la independencia unilateral de la región de Cataluña, anulada luego por el Tribunal Constitucional español.
La Fiscalía española los acusaba de un delito de rebelión, pero la Abogacía del Estado calificó los hechos juzgados como sedición porque considera que no existió la violencia suficiente para considerarlos rebelión.
Presidente catalán: es una venganza
El presidente del gobierno catalán, el soberanista Quim Torra, dijo este lunes que la condena a prisión de nueve secesionistas es «antidemocrática«, un acto de «venganza, no de justicia«, y se reafirmó en la idea de un «Estado independiente» para Cataluña y avanzar «sin excusas» hacia la república.
En una declaración institucional, Torra informó de que este mismo lunes pedirá por carta al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, una «reunión urgente» para «tratar la crisis que se abre con la sentencia».
Según Torra, Cataluña «vive una hora grave«, pues se trata de una sentencia contra personas «honorables y pacíficas».
«Condenarlas es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana», subrayó el gobernante catalán, por tratarse de «un juicio político -opinó- y de una causa general contra el derecho a la autodeterminación de Cataluña y el independentismo».
El exvicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras, condenado a 13 años, también acusó al Estado español de «moverse por la venganza», y se reafirmó en sus «convicciones democráticas y republicanas» en una carta difundida tras conocerse la sentencia.
«La independencia (de Cataluña) es hoy, más que nunca, una necesidad para poder vivir en una sociedad más libre, más justa y más democrática», aseguró.
«La injusticia se ha consumado» y la democracia vive «un día oscuro», dijo a su vez la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell en Twwitter, tras ser condenada a 11 años y medio de cárcel.
El exlíder de la asociación soberanista Omnium Cultural Jordi Cuixart llamó a «reincidir» a pesar de la sentencia condenatoria: «Lo volveremos a hacer. Amnistía, democracia y autodeterminación», comentó al conocer que tendrá que cumplir 9 años de reclusión.
Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont, que sigue huido de la Justicia española, denunció también en redes sociales la «barbaridad» de las condenas, pues suman «cien años de prisión en total», y reclamó la libertad de los procesados.
Sánchez: sentencia será de íntegro cumplimiento
El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, afirmó este lunes que la sentencia contra líderes independentistas catalanes «significa su íntegro cumplimiento».
En una declaración institucional tras divulgarse la sentencia del Tribunal Supremo, Sánchez recalcó que España «es una de las mejores democracias del mundo» y que el proceso judicial tuvo lugar «con plenas garantías y absoluta transparencia».
Mientras que el ministro de Fomento y número dos del Partido Socialista (Psoe), José Luis Ábalos, pidió «respeto, acatamiento y cumplimiento» de la sentencia y realizó un llamamiento a la responsabilidad en las reacciones a la decisión de los jueces.
Ábalos, en declaraciones a la televisión pública, recalcó que la decisión del Supremo «deja claro que en España el Estado de Derecho funciona».
La decisión de la justicia nacional española generó una ola de indignación y protestas que desde bien temprano paralizan a Barcelona y varias ciudades de la comunidad autónoma catalana.
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Con información de Efe
