El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente dos Proposiciones no de Ley en favor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela y en contra del régimen de Nicolás Maduro.
Por una parte, el pleno del Congreso aprobó el pasado 12 de diciembre una PNL presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y adoptada finalmente en sus términos, en la que se insta al Gobierno a “adherirse a la demanda presentada en 2018 y dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y requerir avances en la Situación Venezuela, y solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro Moros y otros sospechosos de la perpetración de crímenes de lesa humanidad”.
Asimismo, pide al Ejecutivo que emita “un comunicado público dirigido a Nicolás Maduro, exigiendo el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos y personas arbitrariamente detenidas” y que respalde “los informes de Naciones Unidas en los que se recogen las graves violaciones contra los derechos humanos en Venezuela. También insta al Gobierno a “presentar al Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes, un informe sobre las actuaciones realizadas por la Embajada de España en Venezuela en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles víctimas de crímenes de lesa humanidad”.
Respecto a este último punto, la Comisión de Asuntos Exteriores aprobó este miércoles otra PNL, también del PP, en la que se insta al Gobierno a “intervenir diplomáticamente ante el régimen de Nicolás Maduro para garantizar la liberación inmediata e incondicional de los ciudadanos españoles José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, quienes han sido detenidos injustamente en Venezuela” y a “denunciar públicamente las condiciones de represión y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que están teniendo lugar bajo el régimen de Nicolás Maduro, con especial énfasis en el uso de acusaciones infundadas de espionaje y conspiración como justificación para la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros y opositores”.
Aparte, pide al Gobierno que reitere “su compromiso con la protección de sus ciudadanos en el extranjero, asegurando que se haga todo lo posible para que José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme regresen a España lo antes posible, y se respeten sus derechos fundamentales en todo momento, así como la asistencia consular a la que tienen derecho mientras permanezcan en prisión” y que se comprometa a seguir de cerca la situación de todos los ciudadanos españoles detenidos en Venezuela, y a proporcionar todo el apoyo necesario a las familias de las víctimas de represalias políticas y judiciales, tal como se ha hecho en otros casos similares, a través de la asistencia consular debida”.
