El memorándum de entendimiento recientemente suscrito en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y un sector, cierto que mayoritario, de la oposición democrática autodenominado Plataforma Unitaria de Venezuela, pretende un diálogo y una negociación, que bajo la agenda de diversos puntos en el mismo establecidos abra caminos para la resolución de la crisis en todos los órdenes que agobia el país. El camino que se abre con el memorándum señalado anuncia claramente su andadura bajo el paraguas de la Constitución, así como su respeto al Estado Constitucional de Derecho. Una reflexión sobre el significado de dicho compromiso constitucional y sus consecuencias es lo que intento abordar en este escrito, a efectos de poder ofrecer algunas luces sobre la iniciativa que comienza apenas a dar sus primeros pasos .
Lo primero que quisiera resaltar es el significado del concepto de Constitución, radicalmente distinto en una democracia y en una dictadura. Para un régimen democrático, en la tradición vigente de la democracia liberal, la Constitución es el escudo de nuestras libertades. En otras palabras, una construcción jurídica superior (el pináculo del ordenamiento jurídico) legitimada por la voluntad popular, donde se recogen y garantizan los derechos fundamentales de la persona humana, y se prescribe una estructura de ramas y funciones públicas, erigidas bajo el principio de la división de poderes. En los regímenes democráticos de la actualidad además la Constitución, también llamada Ley Fundamental o Ley Superior para enfatizarlo, está dotada de poder normativo, es norma normarum, de lo cual depende el sometimiento a sus directrices (incluidos su valores y principios) e interpretación, del resto del ordenamiento jurídico.
Por el contrario en las dictaduras (incluidos por supuesto tanto los regímenes autoritarios como los totalitarios) la Constitución se puede definir como un instrumentum regni, es decir una construcción jurídica maleable al servicio de los intereses del poder, ayuno de contenidos axiológicos, donde la voluntad del poderoso que se adueña del Estado se convierte en el fundamento y en la praxis de la ley. En suma, la Constitución minusvalorada, relativizada, una Constitución “plastilina” que adapta sus normas a los intereses del gobernante.
No es el momento de constatarlo aquí paso a paso, pero es una evidencia absolutamente contrastable que el régimen político que ha regido a Venezuela en estos últimos veintidós años ha revelado estar próximo al modelo autoritario de Constitución, pues el régimen abandonó desde sus inicios el claro contenido garantista de la Constitución de 1999, en aras de una instrumentalización grotesca del noble texto, que tuvo su culminación en la convocatoria de una constituyente espuria que “aprobó” normas a todas luces inconstitucionales, junto al dudoso “honor” de ser incapaz de elaborar un nuevo texto constitucional. En suma, la concepción del derecho de la V República ha sido la de un derecho plagado de conceptos indeterminados, manipulables en función de la preservación y el fortalecimiento del poder.
La semántica tendrá un papel de primer orden en las decisiones que se tomen en México, en caso de que la pretendida negociación llegue a feliz término, pues frente a frente se medirán dos concepciones de la Constitución, una democrática y la otra dictatorial. Una recomendación que aquí me atrevo a solicitar es que se aclare el significado y contenido de las palabras, por lo menos las decisivas que se recojan en el documento final, como es frecuente en los tratados internacionales, consecuencia en este caso de tradiciones jurídicas diferentes que lo hacen necesario. Lo digo pues 22 años de quebrantamiento constitucional son una dura lección para las fuerzas democráticas, guiadas como lo espero y deseo, por rescatar el valor democrático y libertario de nuestra Constitución.
Ricardo Combellas
