Las detenciones arbitrarias continúan en Venezuela como una herramienta de control y represión de su gobierno y en el país hay cerca de 300 presos políticos, según denunció la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) en un informe divulgado este martes 29.
Erika Guevara Rosas, directora de AI para el hemisferio, dijo al presentar el informe que “la evidencia demuestra que la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro y la crisis de derechos humanos siguen poniendo en riesgo los derechos a la vida, libertad e integridad en Venezuela”.
El informe, “Vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela”, destaca nueve casos de víctimas de detenciones arbitrarias motivadas por razones políticas y cometidas entre 2018 y 2022.
Pero “nuestro informe no sólo documenta las injustas detenciones de personas maestras, sindicalistas y defensoras de derechos humanos, sino también la arbitrariedad en el sistema de justicia, condiciones de reclusión inhumanas y afectaciones a proyectos de vida que quedan impunes”, dijo Guevara Rosas.
“Las detenciones arbitrarias no pueden continuar siendo una herramienta de represión y control social del gobierno”, insistió.
También este martes 29 Alberto Mamoine, abogado de Yosida Vanegas, detenida el 15 de agosto en el suroeste del país, denunció que su defendida sigue desaparecida a pesar de que se le informó de que está imputada por delitos previstos en la ley contra la delincuencia organizada y financiación del terrorismo.
Vanegas, de 67 años, es la madre del sargento de Juan Carlos Monasterios, de la militarizada Guardia Nacional, condenado a 30 años de prisión, acusado de participar en un intento de asesinato contra el presidente Maduro el 4 de agosto de 2018.
“La evidencia demuestra que la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro y la crisis de derechos humanos siguen poniendo en riesgo los derechos a la vida, libertad e integridad en Venezuela”: Erika Guevara Rosas.
De acuerdo con la oenegé venezolana Foro Penal, que lleva una minuciosa contabilidad de la detenciones por motivos políticos, a la fecha en el país hay 282 personas detenidas por razones políticas, 266 hombres y 16 mujeres, y de ellas 128 son civiles y 154 militares.
AI dice en sus casos documentados que algunas personas fueron detenidas por el activismo político de oposición, como Ronald Carreño, periodista de la crónica social y del espectáculo, y dirigente del partido Voluntad Popular, detenido desde el 28 de octubre de 2020 en la céntrica cárcel El Helicoide de Caracas.
Carreño fue detenido en plena vía y desaparecido durante un día, después de que el perseguido líder de su partido, Leopoldo López huyó a Colombia, y se han demorado muchas veces las audiencias de su juicio, bajo acusaciones de conspiración, financiamiento al terrorismo y otros delitos.
Otro caso que presenta AI es el de Emirlendris Benítez, de 42 años, “madre, hermana y comerciante, detenida arbitrariamente desde el 5 de agosto de 2018, por motivos infundados, por el simple hecho de compartir un trayecto en coche con terceras personas supuestamente involucradas en el atentado contra Maduro”.
Benítez “fue torturada y sometida a una interrupción forzada de su embarazo. Las secuelas de las golpizas que sufrió la dejaron necesitando del uso de una silla de ruedas y otras afectaciones graves a su salud”, según AI, y cumple una sentencia de 30 años de prisión en una cárcel de Los Teques, ciudad cercana a Caracas.
Por el atentado contra Maduro fueron también detenidos y procesados los esposos Juan Carlos Marrufo (militar retirado) y María Auxiliadora Delgado, liberados primero y detenidos una segunda vez, torturados y condenados a largas penas, sin pruebas reales según AI.
“Su única conexión con los delitos de los que se les acusa parece limitarse a que María Auxiliadora es hermana de un militar retirado con presuntos vínculos con un atentado contra Nicolás Maduro”, según el informe de AI.
Javier Tarazona, 41 años, docente y fundador de la organización de derechos humanos Fundaredes, en la frontera occidental con Colombia, fue detenido hace dos años después de denunciar, con fotografías y otros documentos en mano, la presencia y actuación en Venezuela de grupo armados irregulares colombianos.
Esa presencia no solo ha sido documentada por entidades de las Naciones Unidas y autoridades de Colombia, sino que en abril de 2021 el ejército venezolano dio cuenta de emboscadas de irregulares colombianos que costaron la vida a ocho soldados de Venezuela, según informó su ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Figura el caso de Guillermo Zárraga, ingeniero y sindicalista del petróleo, de 59 años y en estado delicado de salud, trabajador de una refinería en la que estalló una torre y fue acusado de asociación criminal, tras publicarse una fotografía en la que aparece junto al opositor expresidente de la Asamblea Nacional legislativa, Juan Guaidó.
También el de Robert Franco, un sindicalista del magisterio, el gremio más activo en manifestaciones de calle el último año, quien abandonó su militancia oficialista y fue acusado de un supuesto complot para tratar de boicotear la instalación de la Asamblea Nacional hace dos años.
“La diversidad de estas motivaciones políticas demuestra la alta vulnerabilidad que enfrenta la población en general a ser víctima de una detención arbitraria y otras graves violaciones de derechos humanos, afectando desde a opositores declarados del gobierno, hasta a personas sin militancia política de ningún tipo”, sostiene AI.
En el marco de las detenciones arbitrarias “también se repiten graves violaciones de derechos humanos conexas o incluso crímenes de derecho internacional, incluida la tortura, desapariciones forzadas, falta de garantías de debido proceso y a un juicio justo, y condiciones inhumanas de reclusión”, añade el informe.
Por otro lado, “el contexto social y económico en Venezuela continúa deteriorándose, a pesar de las narrativas que existen sobre una supuesta mejora de la capacidad económica en el país”, expuso la organización.
Recordó que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social indicó que, para marzo de 2023, 88 % de las protestas exigían reivindicaciones como el servicio eléctrico, el acceso a agua y a combustible, y a servicios de salud, entre otros.
Agregó que “la crítica situación económica y social que persiste en Venezuela se refleja también en la cifra de 7,3 millones de personas que han salido del país en búsqueda de protección”, incluidas un millón entre mayo de 2022 y mayo de 2023.
En su petitorio, AI llama a “poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, entre ellas Javier Tarazona, Roland Carreño, Gabriel Blanco, Guillermo Zárraga, Emirlendris Benítez, María Auxiliadora Delgado, Juan Carlos Marrufo, Darío Estrada y Robert Franco”.
Demanda “cesar de inmediato la implementación de la política de represión y el uso de detenciones arbitrarias por motivos políticos como un medio para silenciar a quienes disienten”, y “mientras estas liberaciones se concretan, garantizar la salud, integridad y vida de las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela”.
También facilitar el acceso al país a los procedimientos especiales de Naciones Unidas con mandatos relacionados a la situación de personas privadas de libertad, y pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que incluya los casos de detenciones arbitrarias por motivos políticos en la investigación que adelanta.
A-E/HM
