Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, la persecución a la disidencia ha reducido el espacio cívico, notándose un agravamiento continuado de la violación de los derechos humanos, la cual se exacerba con profundización de la emergencia humanitaria compleja. Estos son algunos de los hallazgos del reciente informe de Amnistía Internacional.
El uso excesivo de la fuerza, el encarcelamiento incluso de menores de edad y posibles ejecuciones extrajudiciales marcaron la segunda mitad del 2024, incluso en medio de la investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI) a ese país.
“Se documentaron casos de tortura en centros de detención, afectando incluso a mujeres y niños. También se reportaron varios casos de desapariciones forzadas, generando un ambiente de tensión”, dijo a EL TIEMPO Nastassja Rojas, directora adjunta de Amnistía Internacional capítulo Venezuela.
Entre el 28 de julio y el primero de agosto, inmediatamente después de las elecciones presidenciales, al menos 24 personas murieron como consecuencia de la represión gubernamental por las protestas contra el nombramiento de Nicolás Maduro.
Amnistía documentó que todas las muertes, salvo una, se produjeron por heridas de bala y las organizaciones de derechos humanos las atribuyeron a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el ejército y los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como “colectivos”.
Las cifras recabadas por la organización suman 2.000 detenciones en el contexto poselectoral, 129 de las cuales fueron de menores de edad. Para diciembre de 2024 se contabilizaban 160 miembros del movimiento Vente Venezuela y 34 de Primero Justicia presos, la mayoría por desaparición forzada.
“Señalamos con muchísimo énfasis ese punto de quiebre de julio del año 2024 y en muchas condiciones, como por ejemplo los derechos económicos, sociales y culturales, señalamos que la situación se agravó”, insiste Rojas.
Entre el 29 y el 30 de julio se registraron 915 protestas, de las cuales 138 fueron reprimidas de forma violenta. Durante el año pasado, los ataques a los defensores de derechos humanos fueron 979, superando los 524 del 2023.
Esta suma de factores preocupantes ubicó a Venezuela en el último lugar (142) en la clasificación mundial en el ‘Índice de Estado de Derecho 2024’.
“El país se sitúa en el último lugar en el ‘Índice de Estado de derecho’”, ratifica Rojas, alertando también que “esta crisis multifactorial genera un flujo migratorio continuo” que tiene como primer destino Colombia, por lo que la región debería coordinar esfuerzos para evitar un mayor deterioro del Estado de derecho no solo de Venezuela, sino del continente.
Amnistía resalta que la crisis de derechos en Venezuela no solo genera un deterioro en las condiciones de vida y la dignidad de las personas sino que tiene un “un factor de expulsión, es decir, un factor de migración forzada” sumándose a los 7,8 millones de venezolanos en el exilio.
Respuesta migratoria en América Latina
La situación de Venezuela repercute en América Latina, que también presentó signos de un fuerte retroceso en defensa de los derechos y la protección a los defensores, así lo advirtieron Nastassja Rojas y Camilo Vargas, encargado de campañas de Amnistía Internacional en Colombia.
Ambos llamaron la atención sobre el deterioro general de los derechos en el mundo, con especial énfasis en el aumento de la movilidad humana acompañado de respuestas de securitización y endurecimiento de fronteras, “lo que pone en riesgo la dignidad de las personas migrantes”.
En el caso de Colombia, el informe señala una preocupante situación en la garantía de derechos para la población migrante venezolana, a pesar de los programas de acogida iniciales.
Vargas insistió en que se observa un retroceso en el acceso a servicios de salud, educación, justicia y el derecho a la identificación de los migrantes, lo cual se atribuye a “la falta de coordinación institucional, la normalización de la crisis migratoria y la falta de atención a las necesidades de esta población vulnerable”, dijo.
A esto hay que sumarle que persiste una grave crisis de derechos humanos marcada por el desplazamiento forzado, las amenazas y el asesinato de defensores de derechos humanos, con altos niveles de impunidad.
Para Vargas, “la ausencia del Estado de derecho en varias regiones del país, controladas por actores armados, exacerba esta situación”.
Las recomendaciones de los expertos, en especial en el caso de Venezuela, es que se insista en la actuación del sistema interamericano de protección de derechos humanos, que es “robusto”, pero que se observa con preocupación un deterioro marcado de la garantía de derechos, especialmente después de la pandemia, advirtió Rojas.
Un llamado a la institucionalidad y a quienes están en el poder es una de las reflexiones de Amnistía. “Seguimos haciendo llamados de atención al Estado y a su responsabilidad internacional, pero en estos contextos tan difíciles, vemos que no hay precisamente una voluntad por parte del Estado a generar esas vías de diálogo y de garantía de derechos”, concluyó Rojas.
