Colombia, por mucho el principal destino de la diáspora de la vecina Venezuela, ha mantenido contra viento y marea una política migratoria de acogida que la ha puesto a la vanguardia de América Latina. Una elogiada respuesta ante un desafío inédito, y de enormes dimensiones.
Las cifras oficiales acaban de dar un nuevo salto, con cerca de 2,5 millones de ciudadanos venezolanos en todo el territorio colombiano, de acuerdo con el más reciente informe de las autoridades migratorias, publicado justamente en vísperas de la posesión presidencial de Gustavo Petro el próximo 7 de agosto.
Unos seis millones de venezolanos han huido de su país en sucesivas oleadas, empujados por la crisis política, social y económica de los últimos años. Aunque se han dispersado por todo el continente, una enorme porción de ese éxodo ha cruzado páramos y montañas, en autobús, a pie o haciendo autoestop, para afincarse en busca de oportunidades en Colombia. Son más de 2.200 kilómetros de frontera, una porosa línea limítrofe en la que abundan los cruces informales conocidos como trochas. La pandemia desnudó, aún más, las precarias condiciones de los migrantes venezolanos. En Colombia, muchos forman parte de las franjas vulnerables de la sociedad –especialmente los que carecían de papeles–, al punto de que hasta nueve de cada diez alimentan las filas de la informalidad.
El saliente Gobierno de Iván Duque lanzó hace más de un año, en febrero de 2021, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), con una vigencia de 10 años, con el que se proponía regularizarlos a todos, cerca de un millón de ellos indocumentados —es decir que habían entrado por las trochas, o excedido los términos del permiso concedido originalmente—. Se trata a grandes rasgos de un plan para integrar a esa población y permitirle acceder a trabajo formal, educación o salud: Una puerta de entrada a la oferta de servicios del Estado. Esa iniciativa le valió numerosos elogios internacionales a Duque, aunque Colombia ha pedido con insistencia que las palabras cálidas se traduzcan en un mayor compromiso de los países donantes.
En esa esperada radiografía del desafío migratorio que va a recibir el próximo gobierno, divulgada la semana pasada, los migrantes venezolanos pasaron de 1.842.390 en agosto de 2021 a 2.477.588, con corte a febrero de este año, un crecimiento del 34% en un semestre. En otras palabras, en torno al 5% de los habitantes de Colombia ya son migrantes venezolanos. Casi medio millón se ha radicado en Bogotá, el principal destino, seguida por Medellín (190.000) y Cúcuta (167.000), la principal ciudad fronteriza, el embudo de uno de los mayores flujos de personas en el mundo. Después les siguen Cali (121.000) y Barranquilla (112.000).
Comparada con reportes anteriores, la migración irregular se ha reducido notoriamente, un efecto positivo del Estatuto, apunta María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Bogotá. Las altas cifras de mujeres y menores de 18 años evidencian procesos migratorios consolidados, con una reunificación familiar fuerte en Colombia, “lo que lleva a pensar que difícilmente va a ser una población que retorne a Venezuela, o que se vaya a otros países, ya hay procesos de asentamiento, de echar raíces”, señala.
En su balance de la implementación del ETPV, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que más del 96% de los ciudadanos venezolanos que se encontraban en Colombia al 28 de febrero del 2022 han iniciado el proceso para acogerse a ese beneficio (más de 2.385.000). “Uno de los principales desafíos es que se requiere voluntad política para seguir imprimiéndole a este mecanismo de regularización la fuerza que necesita para potenciar todas sus virtudes, que esperamos que sea la integración”, señala Robayo.
Los años de mayor flujo migratorio han coincidido con unas resquebrajadas relaciones entre Bogotá y Caracas. Las sucesivas crisis entre las dos capitales se remontan al 2015, cuando Nicolás Maduro expulsó a miles de colombianos afincados en Venezuela que se vieron obligados a cruzar el fronterizo río Táchira con sus enseres. La tensión escaló aún más desde febrero de 2019 por el fallido intento de la oposición venezolana, en cabeza de Juan Guaidó, con el apoyo irrestricto de Duque, de ingresar alimentos y medicinas por los puentes fronterizos. Maduro decidió entonces romper del todo las relaciones, mientras Duque ha sido el principal promotor de un “cerco diplomático” sobre el heredero de Hugo Chávez.
Luego de años de diferencias irreconciliables, se anticipa una nueva era. Tras su victoria en las elecciones del 29 de mayo, a Gustavo Petro le tomó solo tres días hablar con Maduro y confirmar que se propone reabrir la frontera y normalizar las relaciones. Sin embargo, en medio de esa suerte de deshielo no hay demasiadas certezas sobre la continuidad de las políticas migratorias en el nuevo gobierno.
A pesar de las cifras, el tema migratorio no ha sido prioritario en las conversaciones del empalme entre las administraciones de Duque y Petro. Se ha visto eclipsado por otros grandes asuntos de relaciones exteriores, como la paz, el medio ambiente y la política antidrogas. Sin embargo, es clave para la cooperación internacional y los países donantes, entre ellos Estados Unidos, el principal socio y aliado de Colombia. La sola mención de un posible plan de retorno voluntario desde el equipo de empalme del presidente electo provocó suspicacias en un terreno muy sensible. Robayo, la investigadora del Observatorio de Venezuela, destaca que la continuidad del Estatuto de Protección Temporal, la política con respecto a los colombianos que estaban asentados en Venezuela y regresaron (que ya son más de medio millón), lograr que la gestión migratoria se encamine a la integración, combatir la xenofobia y liderar una diplomacia que permita conseguir recursos deberían ser algunas de las prioridades del próximo gobierno.
