En Venezuela ha crecido el tamaño de la estructura burocrática militar, lo que ha llevado a la Fuerza Armada Nacional a exceder sus competencias constitucionales de resguardar la seguridad y defensa de la nación. Así queda expresado en el informe El crecimiento de la red de empresas militares en Venezuela. Informe actualizado ¿Hacia dónde avanza la FANB?, elaborado por Control Ciudadano.
Cuarenta y cuatro (44) son las empresas militares, órganos desconcentrados, entes descentralizados, institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones y asociaciones civiles, adscritas actualmente al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, de acuerdo con la información recabada y sistematizada por Control Ciudadano.
También se han creado dos zonas económicas especiales militares que complementan “por ahora” el portafolio de empresas militares, todas gestionadas con opacidad, revela el informe.
“Se desconoce el estado de funcionamiento de las mismas, pues no son públicos los estados financieros, la memoria y cuenta de ninguno de los cuarenta y cuatro (44) entes de diferente naturaleza jurídica, que se ha podido determinar para la elaboración de este informe, se encuentran adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, categorizados como empresas militares”, señala Control Ciudadano.
Expansión de actividades de la Fuerza Armada al margen de la Constitución
Junto al crecimiento en el número de empresas miliares se han expandido las áreas en las que ha incursionado la Fuerza Armada.
Entre los sectores en los que ha incursionado están: producción, procesamiento y distribución de productos agropecuarios; banca y finanzas; gas y minería; construcción y manufactura; agua mineral y agua purificada; productos textiles, ropa, calzado y accesorios para damas, caballeros y niños; electrónicos; producción y comercialización de algodón; producción de programas de televisión y materiales audiovisuales; fabricación de vehículos; entre otros.
El listado completo de las empresas militares puede ser consultado en el informe.
Sin embargo, el crecimiento de la burocracia y empresas militares no ha garantizado la cobertura de los requerimientos de la propia Fuerza Armada.
«A pesar de la proliferación y competencias asignadas, no satisfacen las demandas logísticas propias de la FANB, ni hay evidencia que han motorizado la economía productiva del Estado y el desarrollo integral de la Nación, o aumentado el apresto operacional de los componentes armados«, sostiene Control Ciudadano en el informe.
Explotación de recursos naturales e impacto
Algunas de las empresas militares, como la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) y la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales, S.A., (EMASPROFORN), realizan actividades que son incompatibles con el resguardo del medio ambiente.
“Las competencias que tienen asignadas en muchos casos se solapan. Y en otros, las empresas, ejercen claramente funciones inconstitucionales, pues son incompatibles con las que tiene atribuida la FANB. En el caso concreto de CAMIMPEG y EMASPROFORN con funciones de explotación ambiental irreconciliable con la función de guardería ambiental que tiene asignada la institución militar”, señala el informe.
De igual forma, Control Ciudadano documentó el impacto negativo de las empresas militares en el medio ambiente.
«En las empresas y decretos revisados, salta a la vista el irrespeto al tema ambiental. Se le considera sólo como un depósito de bienes y servicios que están allí a disposición del que llegue primero. Es muy posible que veamos en poco tiempo como proliferan estas zonas económicas especiales militares, dentro de más Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. Ya tenemos algunas muestras, aunque no militares, en algunos parques nacionales: Los Roques y El Ávila- Waraira Repano«, sostiene el informe.
Finalmente, Control Ciudadano incluyó en su informe una serie de recomendaciones, entre las que destacan la necesidad de una auditoria y rendición de cuenta sobre la gestión de las empresas militares y acciones urgentes para la preservación del medio ambiente.
“Hay que restaurar la institucionalidad ambiental, y los centros de generación de conocimiento, recuperando dentro de lo posible, los espacios intervenidos, en fin, proteger nuestro patrimonio natural”, recomendó Control Ciudadano.
“Es urgente una auditoria del entramado de empresas militares, pero, además, la disolución de la mayoría, con una reingeniería organizacional que ajuste sus actividades a la ley y oriente sus funciones actuales, hacia los sectores públicos o privados que corresponda, salvaguardando el patrimonio público y propiciando la transparencia y rendición de cuentas”, agregó.
