Cuando en abril del año 2016 Nicolás Maduro anunció la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) prometió que cada 15 días llegarían productos alimenticios a cada hogar de los venezolanos. “Acá tenemos dos meses sin recibir la fulana bolsa, aquí lo que hay es hambre y necesidad”, puntualiza Ingrid Bello, residente del barrio Guaremal de Los Teques.
Para el politólogo Sergio Graffe los CLAP, mecanismo que copia la tarjeta de racionamiento cubana, se han convertido en una estafa pública “porque las venden cada tres o cuatro meses, trae pocos productos, de mala calidad, los venden con sobreprecios y las usaron para el control político-electoral al utilizar el hambre del pueblo para la extorsión y el chantaje”, puntualiza.
“Inició como una bolsa, evolucionó en una caja y actualmente se esfumó”, agrega la mujer, madre de tres niños, quien hace a diario maromas para poder alimentarlos. “Antes hacíamos a duras penas dos comidas al día, hoy con el favor de Dios una sola”, sentencia.
Graffe asegura que además acabó siendo un caldo de cultivo para la corrupción masiva tanto de altos funcionarios como de los dirigentes de base del partido de gobierno.
“Es innegable que hubo un tiempo en el que el uso malicioso de este programa social tuvo una relativa efectividad sobre todo en la población más vulnerable por sus bajos ingresos económicos, debido a que el temor a perderlo los hacía presa fácil de la manipulación política y social; pero las irregularidades acabaron con ese objetivo y en estos momentos más bien es rechazada por la mayoría que antes las recibían porque las cajas apenas traen menos de productos, de malísima calidad y ha habido casos en el que han descubierto ratones o gusanos en las cajas por el tiempo que pasan en todo el proceso de importación de México o Nicaragua”.
Al comienzo de su implementación la venta de estos productos subsidiados implicaba una significativa economía para los beneficiarios de las cajas porque eran de menor costo en el mercado abierto; y fue la estrategia que usó el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, para evitar que los trabajadores de la entidad dejaran sus puestos de trabajo al punto de que ya no les importaba el salario sino la caja, “pero con la hiperinflación el efecto pasó y ahora hay una estampida de trabajadores en esa institución pública que amenaza con que quede sin empleados en poco tiempo porque les da igual recibirla o no”, reseña Graffe.
Las historias de “desencanto” abundan. María Antonio Reyes, trabajadora de la gobernación, califica como “pobre” el contenido de las cajas. “Antes un resolvía, pero ahora uno se cala tres horas de cola para que se la entreguen y al abrirla cada vez hay menos”, reseña.
Atrás quedó la época en que las cajas traían productos como arroz, caraota, lentejas, arvejas, azúcar, pasta, harina precocida, mayonesa, salsa de tomate, atún o aceite; que ayudaban en algo para la supervivencia de algunos, pero ahora se redujo a cuatro productos: arroz, pasta, harina y azúcar.
Graffe asegura que el programa comenzó a fallar desde el comienzo porque los venezolanos estábamos acostumbrados a comprar lo que quisieran y dónde fuera, pero el control que se aplicó se fundamentó en las necesidades de la gente, necesidades que fueron creadas por el propio régimen para que fuese más efectivo; “sin embargo la corrupción, la reducción en la cantidad de los productos, su mala calidad y las constantes subidas en los costos hicieron que casi nadie dependiera de lo que trae las cajitas”.
Otro elemento -para Graffe- con este programa es que existe una alta discrecionalidad en el costo de la caja y del transporte que ponen los dirigentes de base del Psuv y en muchos casos no se corresponde la proporción entre uno y otro concepto y eso hace que no haya control sobre el costo real.
“De paso lo usan como mecanismo para sacar de las listas de compradores a las personas porque no respaldan a Maduro o no firman contra Trump. Por ejemplo: en el municipio Guaicaipuro hay urbanizaciones como Los Nuevos Teques donde nunca han vendido las cajas, pero hay otras donde cuestan 10.000 BS y el transporte puede ser más o igual; o como en la Comunidad José Manuel Alvarez, de Carrizal, cuyo costo fue este mes de 45.000 BS. Es decir, que no existe la entrega de cuentas de sus operarios sobre el costo de la bolsa (o caja) ni del transporte, lo que hace que este mecanismo se haya convertido en un mecanismo de corrupción masiva que no resuelve ninguna necesidad y perdió su efectividad en el control político”.
-En el municipio Guaicaipuro la situación es peor debido a que en algunas comunidades de Los Teques “los jefes de calles” del Psuv excluyen a compradores que están en el censo y se agarran los productos para ellos o los revenden o como en las parroquias foráneas como Paracotos, Tácata o Altagracia de la Montaña que pasan hasta tres o cuatro meses sin que las vendan y se sospecha que “las desaparecen” para que los corruptos se aprovechen; o por ejemplo, que en el mercado “Tocorón” se consiguen todos los productos de los Clap´s a precios iguales o más caros que en la calle, pero existe una complicidad para que los escondan en sacos, con la policía municipal al frente de este antro.
Daniel Murolo
