El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil retomará este miércoles a las 09:30 (hora local) la sesión clave para decidir si acepta la denuncia presentada por la Fiscalía General contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados, señalados por presuntamente planear una conspiración para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó las elecciones presidenciales de octubre de 2022.
La causa, que se discute en la Sala Primera del STF, involucra a figuras de alto rango del anterior gobierno. Además de Bolsonaro, la denuncia afecta a sus ex ministros Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional), Walter Braga Netto (Defensa), Paulo Sérgio Nogueira (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), así como al ex asesor Mauro Cid, ex ayudante de órdenes del ex presidente. La Fiscalía los acusa de los delitos de rebelión, tentativa de golpe de Estado y atentado contra el orden constitucional.
Según el fiscal general Paulo Gonet, la acusación se sustenta en “manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes” que probarían que Bolsonaro lideró una organización criminal orientada a subvertir el resultado electoral
Gonet afirmó durante la audiencia que el objetivo de la supuesta conspiración era “mantener a Jair Bolsonaro en el poder”, mediante una cadena de acciones articuladas para impedir el traspaso de mando, incluso con uso de la fuerza o amenaza.
Según el fiscal general Paulo Gonet, la acusación se sustenta en “manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes” que probarían que Bolsonaro lideró una organización criminal orientada a subvertir el resultado electoral (REUTERS/Adriano Machado)
Entre las pruebas mencionadas figura un borrador de decreto que declararía un estado de defensa, figura prevista constitucionalmente para situaciones de grave perturbación del orden, con el objetivo de intervenir el proceso electoral. El fiscal también señaló que la conspiración contemplaba el asesinato del presidente Lula da Silva y del magistrado Alexandre de Moraes.
En paralelo, la denuncia conecta esta supuesta planificación con los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando una semana después de la investidura de Lula, miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron de forma violenta las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto en Brasilia. En ese momento, Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos.
El expresidente, de 70 años, fue el único de los ocho acusados que asistió personalmente a la primera jornada del juicio, celebrada el martes en la sede del Supremo en Brasilia. Vestido de traje oscuro, se sentó en la primera fila del recinto judicial y presenció con semblante serio más de seis horas de deliberaciones.
Durante la sesión, los jueces rechazaron dos recursos interpuestos por su defensa. El primero solicitaba la anulación del acuerdo de colaboración firmado por Mauro Cid con el Ministerio Público. Los abogados de Bolsonaro alegaron que Cid no declaró de forma espontánea, como exige la legislación para este tipo de pactos. Según el abogado Celso Sánchez Vilardi, “se adaptó a las pruebas” presentadas por el Estado y no actuó libremente.
