Más de 22 horas ininterrumpidas de detonaciones.
Eso fue lo que vivió Aglaia Berlutti en su casa en El Paraíso, una zona residencial de clase media ubicado en el suroeste de Caracas.
Durante la tarde del 7 de julio escuchó ruidos de disparos. Las balas procedían de la Cota 905, un barrio ubicada a apenas cinco cuadras de su casa.
Las detonaciones continuaron durante toda la noche y el día siguiente.
«No soy experta en armas, pero sé cómo suena una bala», dice Berlutti en entrevista con BBC News Mundo. «Algo que jamás pensé que viviría en mi ciudad. Lo peor que te puede pasar es que aprendas a reconocer cómo suenan las balas».
Por tres días consecutivos, el suroeste de Caracas vivió una escalada de la violencia. Bandas armadas y fuerzas de seguridad estatales se enfrentaron en las calles y barrios de la zona entre la tarde del miércoles y el viernes.
Varias vías y autopistas quedaron restringidas.
La ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, confirmó lo sucedido a través de su cuenta de Twitter, asegurando que se trataba de «grupos estructurados de delincuencia organizada que sistemáticamente han atacado a nuestra sociedad, amedrentando, hiriendo y asesinando a gente inocente».
Pero no fue sino hasta el sábado que el Gobierno ofreció un balance más concreto: cuatro funcionarios policiales y 22 «delincuentes» murieron en los enfrentamientos y 28 personas resultaron heridas.
El Gobierno calificó a este operativo como una «gran victoria» y lo llamó «Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro».
Pasado el peligro, los residentes de la zona se preguntan ahora si un enfrentamiento similar volverá a ocurrir y cuándo.
No es la primera vez que la Cota 905 y otros barrios aledaños, como El Cementerio, El Valle y La Vega, paralizan a esta zona de Caracas por los choques entre bandas y la policía
El pasado abril, una patrulla del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, fue atacada por bandas armadas en los túneles de El Paraíso, cerca de la Cota 905.
«Siento que se rompió el orden social», expresa Berlutti. «Estamos viviendo una degradación progresiva de nuestra seguridad».
«Cuando suena una detonación, no sabes exactamente lo que está ocurriendo porque los niveles de desinformación son muy grandes. No sé si son enfrentamientos entre bandas o con la policía. Me siento secuestrada».
BBC News Mundo intentó comunicarse con voceros del Gobierno sin resultados.
Una zona roja
Caracas tiene dos avenidas conocidas como «cotas»: La Cota Mil, también llamada Avenida Boyacá, que bordea las faldas del cerro El Ávila en el norte de la ciudad. Y la Cota 905, o Avenida Guzmán Blanco, que se dirige hacia el sur.
La ciudad además, como se ubica en un valle, tiene varias colinas en las que por varios años crecieron los barrios, sectores populares considerados zonas peligrosas.
Uno de estos barrios se extiende a lo largo de la Cota 905, hogar de más de 300 mil personas en conjunto con las parroquias aledañas. El palacio presidencial está a menos de 3 kilómetros.
Aquí, las laberínticas calles rodeadas de casas construidas precariamente han sido testigo de la mano más férrea del régimen de Nicolás Maduro y su lucha contra la delincuencia, que no da señales de debilitamiento.
Por años, los barrios han sido el bastión del chavismo y sus residentes creyeron en las promesas del fallecido mandatario Hugo Chávez.
«Siempre fue un área peligrosa», dice Melanio Escobar, que creció entre Montalbán, otra área residencial cercana, y la Cota 905.
Este periodista, radicado ahora en Miami, asegura que estaba acostumbrado a las balaceras y cómo más de una vez estando en su casa tuvo que lanzarse al piso para protegerse.
«Toda mi vida presencié disparos. La ventana de mi cuarto daba hacia el barrio y veía cómo robaban motos o había enfrentamientos».
Aun así, insiste que eran sucesos esporádicos y que la violencia ha ido aumentando en la zona.
«La violencia ha escalado hasta un punto que ya no pasa desapercibida para el resto del país», dice.
Para Alfredo Escalante, activista de Derechos Humanos en la zona, lo que está viviendo Caracas es la expansión de un poder que se ha consolidado por la vía de las armas.
«Todo poder busca expansión, y es así como estas bandas han ido creciendo y penetrando en otros barrios y zonas residenciales, afectando cada vez a más gente».
Asegura que ya se están viendo casos de desplazamientos forzados en la zona de gente que huye de la violencia, así como confinamiento de personas que se resguardan en sus casas.
«La población está sumida en el terror», asegura.
La cuestionada acción policial
En julio de 2015, la Guardia Nacional y varios cuerpos policiales irrumpieron en varias barriadas del país como parte de un operativo de seguridad. En la Cota 905 hubo más de un centenar de detenidos y varios muertos.
Las autoridades llamaron a este operativo «Operación Liberación del Pueblo» (OLP), y lo repitieron varias veces durante los años siguientes y en distintos barrios.
Las OLP fueron la propuesta de mano dura del gobierno de Nicolás Maduro contra uno de los problemas más acuciantes de Venezuela: la violencia y el crimen organizado.
Durante años, Caracas y otras ciudades del país han liderado el ránking de las ciudades más violentas del planeta.
Maduro y su gabinete han elogiado la acción de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, las FAES, un temido grupo de élite creado en 2017 como respuesta a las críticas contra las OLP.
Pero los organismos de Derechos Humanos no comparten la misma opinión.
Las cifras oficiales escasean. El último informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia da luces donde hay opacidad: desde el 2016 ha habido un «aumento sostenido de la letalidad policial en relación a las muertes provocadas por los delincuentes».
Según el informe, 2020 fue el año en el que por primera vez hubo más muertos por enfrentamientos con la policía que por acción de la delincuencia: 4.231 muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad frente a 4.153 homicidios cometidos por delincuentes.
«La letalidad policial se ha extendido por todo el país y parece ser la única política de seguridad que se ha estado implementando», reza el informe.
En julio de 2019, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la acción de las FAES y pidió su disolución.
Lejos de ello, las FAES han estado involucradas en repetidos enfrentamientos con supuestos criminales en los barrios pobres del país hasta fechas recientes.
Uno de estos últimos enfrentamientos ocurrió en enero de este año en el Barrio La Vega, donde 23 personas fallecieron de acuerdo con el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea.
«Feudos criminales» y «zonas de paz»
Wilfredo, un sacerdote que reside en una zona cercana y que prefiere mantener su nombre completo en el anonimato, explica que en la Cota 905 conocen la actuación de varias bandas criminales que obedecen a líderes locales.
Ante la ausencia del Estado, y la poca capacidad de la oposición de trabajar en estas zonas, estas bandas empezaron a actuar como gobiernos locales.
«Tienes que entender la dinámica del barrio», dice Wifredo. «La policía llega hasta cierto punto y no va más allá. Mientras la policía no pase la frontera, hay cierta paz».
Explica que las bandas están organizadas con puntos de control llamados garitas, sistemas de comunicación y armas.
Pero entre el blanco y el negro hay muchos matices.
«Allí donde el Estado fracasó en proteger a su gente, estas bandas instalaron su hegemonía», dice Wilfredo.
Asegura que estas bandas no sólo controlan la venta de drogas y los secuestros, sino también el negocio de la comida. Además, organizan fiestas, reparten juguetes a los niños y protegen a los vecinos, por lo que los residentes se han beneficiado en parte
«Es una realidad muy compleja. La gente dice ‘no me gusta el malandro, pero me ayuda».
Para el ex comisario de Seguridad de la Alcaldía de Caracas, Iván Simonovis, hay cinco estructuras criminales operando «en y con» Venezuela: mega bandas, narcotráfico, colectivos, guerrilla y terrorismo.
Asegura que las mega bandas han organizado y ejecutado desde la Cota 905 «hasta cuatro, cinco o seis secuestros por noche» por una importante suma de miles de dólares.
¿Cómo estas bandas se volvieron tan poderosas? «El deterioro de la calidad de vida hizo que las bandas crearan sus propios mecanismos de defensa», asegura Simonovis.
«Ahora (las bandas) se salieron de control. Crearon un monstruo», sentencia el ex comisario.
El 25 de agosto de 2017, la Cota 905 fue declarada «zona de paz», un eufemismo creado por el Gobierno para negociar con bandas delictivas en los barrios y que estas entregaran sus armas voluntariamente.
El resultado fue el control territorial. «Son feudos criminales», dice Simonovis. «El suroeste está tomado por la banda de el ‘Koki’, pero el este está tomado por otra estructura criminal. Cada uno de los barrios grandes del país está tomado».
El «Koki» es el líder de la Cota 905, un sujeto buscado por el Gobierno y que no ha sido hallado.
Un problema que no ha terminado
Ninguno de los entrevistados cree que el problema se haya resuelto.
¿Qué sigue ahora?
Para Simonovis, terminado el enfrentamiento en la Cota 905, lo más probable es que las bandas se vuelvan a estructurar.
«Soy de la opinión de que van a regresar con muchísima más contundencia», asegura.
«La lucha contra el delito no es una orden. No puedes decretar que se reduzca el delito. Forma parte de una estrategia que debe durar años y que sea sostenible en el tiempo», puntualiza.
Wifredo se pregunta qué va a pasar con los civiles inocentes.
«La gente del barrio aprovechó el cese del fuego para dejar sus casas. Pero en algún momento volverán a ellas. A ellos se les tiene que respetar su integridad. Tiene que haber una forma de que recuperen la paz».
