La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este 12 de octubre el pedido de Venezuela de “Responder a la respuesta de la Fiscalía al Recurso de Apelación que hizo el Estado”, según informó la abogada y activista de derechos humanos Tamara Suju en su cuenta en X.
“Además, fija para el 6 y 7 de noviembre una audiencia para escuchar a las partes, es decir, el Estado y las víctimas o sus representantes legales, sobre el Recurso de Apelación del Estado y lo que ahí se plantea”, agregó.
De acuerdo con la CPI, la audiencia abordará los acontecimientos nuevos y complejos que se plantean en la apelación.
Además, la Sala de Apelaciones “dará a las partes, a los y las participantes la oportunidad de abordar cuestiones específicas y de responder a las preguntas que formule la sala”.
Actualmente se entiende como participantes, aquellas victimas que intervinieron en los procesos de consulta del Artículo 18 (2), quienes pueden solicitar participar en la audiencia mediante un representante legal, indica un comunicado compartido por Suju.
“Para obtener mayor información sobre los derechos de las víctimas, cómo participar en esta audiencia y sobre la situación de Venezuela I, póngase en contacto con la VPRS al correo electrónico [email protected]”, señala el documento.
CPI escuchará a las víctimas
La CPI ha dejado en claro que la apelación del gobierno venezolano no frenará las investigaciones en el país por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En agosto de este año, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó a la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas de la Fiscalía que “recopile y transmita representaciones de cualquier víctima o grupo de víctimas interesado” sobre la decisión que permite la reanudación de la investigación del fiscal Karim Khan.
Es decir, la sala espera que las víctimas participen en el procedimiento de apelación que inició el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ese mes, la Corte había recibido más de 8 mil testimonios de personas que afirmaban que el Estado venezolano ha violado sistemáticamente sus derechos fundamentales.
