La creciente inseguridad en América Latina, no solo en países tradicionalmente violentos como Colombia o los de Centroamérica sino ahora en otros como Ecuador, está íntimamente vinculada al elevado número de armas de fuego que inundan el continente pese a que tiene leyes más estrictas respecto a la tenencia de este tipo de armamento de las que hay en Estados Unidos, de donde proceden buena parte de ellas.
La tasa de homicidios en la región ha ido en aumento en los últimos años. Según los datos de 2022 recogidos por el portal especializado Insight Crime, Venezuela registró la tasa más alta, con 40,4 por cada 100.000 habitantes, seguido por Honduras, con 35,8; Colombia, con 26,1; Ecuador, con 25,9; y México, con 25,2.
Aunque en Chile la tasa se sitúa en 5 por cada 100.000, muy lejos de los países más violentos, los homicidios se han duplicado en la última década, generando preocupación entre la ciudadanía –el 50% identifican la delincuencia como la cuestión más importante a nivel nacional–.
El Gobierno del izquierdista Gabriel Boric ha aumentado el gasto en seguridad e incluso ha desplegado al Ejército para tratar de resolver la crisis migratoria en la frontera con Perú, lo cual no ha evitado que la derecha se impusiera en las recientes elecciones para elegir a quienes deberán redactar la nueva Constitución del
país.
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