La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, pidió este viernes que se investigue a los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un caso de corrupción.
“Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollando los fiscales Mola y Luciani y además quedaron a la luz del día la arbitrariedades que se han cometido en este juicio”, dijo Cristina Kirchner al exponer desde el Senado sus alegatos de defensa.
Y luego pidió que los fiscales sean investigados. “Voy a solicitar que se extraiga testimonio de cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con los testigos, las pericias, la documentación con la prueba obrante en el expediente y con el derecho”, sostuvo.
En su discurso, la líder del peronismo kirchnerista, que desde hace varios años sostiene que es víctima de una persecución política y judicial ideada por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), felicitó a sus abogados, que a lo largo de esta semana pronunciaron sus alegatos y demostraron esas «mentiras, calumnias y difamaciones».
«En este mismo tribunal, fiscales y jueces juegan (al fútbol) en la quinta (finca) del expresidente Macri y a nadie parece extrañarle», lanzó la vicepresidenta, que está procesada en diversas causas, de las que solo una, esta, conocida como «Causa vialidad», en la que hay 13 imputados, tiene juicio abierto.
Fernández está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato y el de su marido, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
«Para traerme de los pelos a mí a este juicio trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la ley de procedimiento administrativo, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo. Realmente es un disparate. Esto no ayuda, esto complica a un país, lo torna poco serio, casi al borde del ridículo», aseveró.
A juicio de la vicepresidenta, esa presunta «asociación ilícita no tiene ni pies ni cabeza, pero fundamentalmente es profundamente inconstitucional, profundamente antirepublicana y profundamente antifederal», convencida de que, junto con su esposo, fueron elegidos por el pueblo y no pudieron «ser nunca una asociación ilícita».
