Los venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria hacia las islas del Caribe Neerlandés encuentran una dificultad adicional, cuando sus procesos son ventilados en la administración pública: no contarán con asistencia para traducir sus recursos al idioma de los Países Bajos.
Crónicas del Caribe | Javier Ignacio Mayorca
Así quedó evidenciado en una sentencia emitida recientemente por el tribunal de primera instancia de Sint Maarten, con respecto a una apelación intentada por una pareja de venezolanos que afronta problemas con el gobierno de la isla por razones migratorias.
En el fallo, publicado el 29 de octubre, el juez Martínez Hammer avaló el criterio del Ministerio de Justicia, según el cual no es objetable la entrega de los textos de las decisiones en holandés, aunque en esa isla el inglés es también un idioma oficial.
Los venezolanos emigraron a Sint Maarten entre 2010 y 2021. De acuerdo con los registros judiciales, el primero en asentarse allí fue el hombre. Una vez obtenido el permiso de residencia temporal, solicitó autorización para el traslado de su mujer y un hijo, en lo que se conoce como “reunificación familiar”.
En julio de 2022, la familia solicitó el cambio del estatus migratorio para una residencia permanente. El gobierno lo negó, con el argumento de que los integrantes del núcleo debían acumular cinco años de permanencia ininterrumpida.
Luego, los venezolanos plantearon objeciones al despacho de Justicia, que fueron declaradas inadmisibles. Una de las razones fue el vencimiento del plazo legal de seis semanas.
Los demandantes llevaron este asunto al Poder Judicial. Consideraban que el despacho que maneja los asuntos migratorios debió otorgar un plazo adicional, para llevar a cabo las traducciones.
“Los demandantes creen que las violaciones de los plazos son excusables porque las decisiones primarias se redactaron exclusivamente en holandés, mientras que el inglés es el idioma principal en Sint Maarten y en general se sabe que la mayoría de la gente no habla holandés. Ahora que el inglés es lengua oficial en el Reino, según los demandantes, el demandado es negligente al no haber redactado las decisiones primarias en inglés”, se indica en la sentencia.
Sin embargo, para el juez esta no era una razón válida para conceder la apelación.
“El hecho de que los demandantes no hablen el idioma holandés y no hayan buscado ayuda de manera oportuna después de la emisión de las decisiones primarias es una circunstancia que debe quedar bajo el riesgo de los demandantes (…) Además, la posición de los demandantes de que la demandada (también) debería haber redactado las resoluciones primarias en lengua inglesa carece de fundamento”, indicó en su sentencia.
Privados de derechos
Según el abogado especialista en asuntos migratorios Renco Stomp, los demandantes tienen el derecho de recibir la información de las autoridades migratorias en un idioma que comprendan.
“En Sint Maarten, donde los idiomas oficiales son el holandés y el inglés, las decisiones sobre migración solo son entregadas en holandés. No obstante, la mayoría de las personas que están involucradas en asuntos migratorios son extranjeros que no hablan holandés”, explicó el litigante a Crónicas del Caribe.
Stomp asistió a la familia venezolana en este caso. Argumentó que si los demandantes no comprenden las decisiones debido a una “barrera idiomática”, se verán privados de sus derechos fundamentales a ejercer apelaciones.
En este criterio coincidió la activista de derechos humanos en la cuenca del Caribe, Denise Pitcher.
Al ser consultada por Crónicas del Caribe, indicó que el artículo 16 de la Constitución de la isla prohíbe cualquier discriminación “con base en el lenguaje”. Según Pitcher, este derecho asiste no solo a las personas nacidas allí, sino a todo aquel que se encuentre en ese territorio.
Afirmó que la decisión de rechazar la petición de residencia fue emitida en idioma holandés, “lo que viola el derecho fundamental establecido en la Constitución”.
La emisión de fallos en holandés para personas que no entienden ese idioma no solo se ve en Sint Maarten. Según la organización Amnistía Internacional, tanto Aruba como Curazao incurren también en esta práctica durante los procesos migratorios, lo que deja a las personas afectadas en estado de indefensión.
