90.000 personas se encuentran privadas de libertad en Cuba, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso El Nacional. Además, existen 37.458 más que permanecen en otras circunstancias de control judicial y policial. Esas cifras sumarían un total de 127.458 anuales entre convictos y condenados en ese país.
El texto proporcionado por el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, resalta que Cuba es el primer país con más personas en prisión. No obstante, aclara que eso estuviera contemplado en el ranking del Institute for Crime and Justice Policy Research, si este no se basara en un dato falso suministrado por el Granma. Asegura que ese periódico cubano, que es el órgano del Comité Central del Partido Comunista, dio una cifra de forma informal en 2012 que no se adapta a la realidad de lo que sucede en esa nación.
El documento también resalta que 90.000, 38.000 no cuentan con antecedentes penales o han terminado revocados de manera preliminar.
Eso quiere decir que una cantidad importante de ciudadanos están siendo privados de libertad en la primera sanción penal. «Algo de una rigurosidad extrema, y realmente inusual en la mayoría de sistemas penales«, cita el texto.
También señala que entre 35.000 y 40.000 personas son acusadas en sedes judiciales cada año. Aunado a más de 50.000 ciudadanos que reciben un tratamiento penal administrativo como multas y decomisos en sedes policiales.
En esa misma línea, afirma que de las personas juzgadas en la isla cada año, alrededor de 93% resultan declarados culpables. Ese porcentaje representa entre 32.000 y 37.000 personas.
«De los declarados culpables, 69% reciben sanciones de privación de libertad a escala nacional, es decir, entre 22.000 y 25.500 personas obtendrán sanciones de prisión o de trabajo correccional en establecimiento penitenciario.
Además, el régimen de Cuba excarcela a reclusos, al mismo tiempo que priva de libertad a otros desde antes de 2017. Una política que tiene como objetivo tratar de contrarrestar los costos y la superpoblación penitenciaria en ese país.
«Siguiendo estas directrices, 21.600 reclusos comunes obtienen al año beneficios de excarcelación anticipada en Cuba«, expresa el texto.
Aunado a ello, también está el drenaje carcelario anual que se ubica entre los 2.00 y 3.000 reclusos liberados por indulto presidencial.
«De esta manera Cuba mantiene una política de rigor penal al tiempo que drena las cárceles de reclusos. Este doble juego sirve al propósito del Ministerio del Interior de mantener el orden mediante el rigor penal al tiempo que no se aumentan en exceso los gastos que esto conlleva», refuerza.
La misiva indica que aunque las causas competentes a los tribunales municipales son las de delitos de menor gravedad, más del 50% de ellas se hacen bajo el procedimiento de los atestados directos. Ese procedimiento acusatorio se emplea habitualmente por su celeridad y eficacia contra disidentes, emprendedores y cualquier persona que la justicia cubana estime un peligro urgente para el régimen. Los acusados terminan en prisión preventiva o en procesos sumarísimos que no permiten el correcto ejercicio de la defensa.
«Del total de las personas que van a extinguir sus condenas en libertad controlada (31%), alrededor de 8,8% de ellos no logran cumplirlas en libertad, siendo objeto de revocación, habida cuenta de que cualquier falta que cometan en el período de la ejecución, algún otro interés policial, o secreto coordinado con el sistema judicial, hace que ingresen de hecho al sistema penitenciario nacional. Por tanto, al final de cada año, de facto, 71,73% de los sancionados en cada período termina dentro de las cárceles y establecimientos de rejas construidos al efecto de la reclusión«, concluye el documento.
