El expresidente está acusado de haber recibido por lo menos 31 millones de dólares.
El expresidente de Perú Alejandro Toledo fue extraditado a su país desde EE.UU., en donde gozaba de libertad bajo fianza, y ahora tendrá que enfrentar una serie de juicios por presunta corrupción.
A sus 77 años, el economista se sentará en el banquillo de los acusados para responder a los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.
El exmandatario está involucrado en dos causas. La primera se refiere al “Caso Ecoteva”, llamado así porque ese era el nombre de una de las empresas que presuntamente Toledo y su esposa, Eliane Karp, crearon en Costa Rica para lavar millones de dólares. Por este caso, la fiscalía pide una pena de 16 años y ocho meses de prisión.
La segunda investiga el Lava Jato, uno de los mayores escándalos de corrupción trasnacional de las últimas décadas, que demostró que la empresa brasileña Odebrecht pagó sobornos a políticos en varios países de América Latina para obtener contratos de obras públicas.
En el caso de Toledo, está acusado de haber recibido por lo menos 31 millones de dólares mientras fue presidente (2001-2006), por lo que la fiscalía ya solicitó una condena de 20 años y seis meses de cárcel.
Las denuncias en su contra no fueron excepcionales en Perú, sino parte de la regla, ya que por el Lava Jato también fueron acusados tres de sus sucesores.
El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) protagonizó una de las historias más trágicas, ya que se suicidó en 2019 cuando estaba a punto de ser detenido. Ollanta Humala (2011-2016) sigue procesado por esta causa; y Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió en 2016, tuvo que renunciar al cargo apenas dos años después, acosado por las investigaciones que lo involucraban con Odebrecht.
La extradición de Toledo se concretó luego de cuatro años de maniobras judiciales que el exmandatario llevó a cabo con la intención de quedarse en EE.UU. alegando que era inocente y víctima de una persecución política, pero finalmente ganó el reclamo de la justicia peruana.
Historia
Toledo comenzó a destacar en la política de Perú en 1995, cuando se postuló por primera vez a la presidencia. Aunque en ese momento solo obtuvo el 3,5 % de los votos, le bastó para empezar a erigirse como el principal líder opositor al entonces presidente Alberto Fujimori.
Para las elecciones de 2000, el economista confiaba en su triunfo, pero Fujimori terminó reeligiéndose en un proceso plagado de anomalías. Toledo siempre denunció fraude e inició lo que denominó «resistencia pacífica».
No tuvo que resistir tanto tiempo, ya que en noviembre de ese mismo año, apenas cinco meses después de haber asumido, Fujimori huyó a Japón, la presidencia quedó vacante y se convocaron a nuevos comicios que se realizaron en abril de 2001. Entonces sí, Toledo ganó en segunda vuelta.
A diferencia de lo que ha ocurrido con los últimos presidentes de Perú (Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, además de los interinos Manuel Merino y Francisco Sagasti), Toledo sí logró terminar sus cinco años de mandato y, a partir de 2006, se dedicó a viajar y a ejercer como docente en universidades extranjeras. En 2011 se postuló nuevamenta a la presidencia, pero quedó en un lejano cuarto lugar.
Un par de años más tarde, su situación judicial comenzó a complicarse con el «Caso Ecoteva», que, en principio, descubrió que Eva Fernenbug, la madre de la exprimera dama, había comprado un departamento de 832.000 dólares, lo que llamó la atención debido a que sus ingresos no justificaban un patrimonio de esa magnitud. En 2014 estalló el Lava Jato y las dos causas quedaron conectadas.
Gracias a las declaraciones de múltiples testigos, las investigaciones concluyeron que Toledo y Karp, con la ayuda de Fernenburg y otros cómplices, habían creado las empresas ‘off shore’ Ecoteva Consulting Group, Milan Ecotech y Ecostate Consulting Group en Costa Rica, a través de las cuales realizaron millonarias transferencias a Perú, sobre todo en operaciones inmobiliarias.
La fiscalía denunció que los fondos, en realidad, formaban parte de los 31 millones de dólares que Odebrecht había pagado en sobornos para obtener los contratos de construcción de la Carretera Interoceánica Sur.
Dilaciones
En 2017, cuando ya habían sido procesados, Toledo y Karp huyeron a EE.UU., por lo que la justicia peruana los consideró prófugos hasta que, el 16 de julio de 2019, el expresidente fue detenido en California por los cargos que pesaban en su contra debido a las coimas de Odebrecht.
Como su esposa solo estaba involucrada en el «Caso Ecoteva» y no en el Lava Jato, permaneció libre, aunque también con pedido de extradición.
Desde entonces, además de alegar inocencia, la estrategia de Toledo se basó en evitar la extradición. Tuvo éxito. Después de pasar ocho meses en prisión, logró la libertad bajo fianza y así se mantuvo durante tres años.
El cerco judicial en su contra comenzó a cerrarse el pasado 22 de febrero de este año, cuando el Departamento de Estado de EE.UU. concedió la extradición, lo que marcó el inicio de idas y vueltas judiciales que suspendieron y reanudaron este fallo.
Toledo trató de evitar la extradición con el argumento de que en Perú podría sufrir una prisión preventiva prolongada, posible abuso u otro trato ilegal, y violaciones del debido proceso, alegando que el sistema judicial de su país carece de independencia e imparcialidad.
La jueza principal del Tribunal en EE.UU. para el distrito de Columbia, Beryl Howell, rechazó su demanda, por lo que la extradición ya parecía inminente. De hecho, a principios de abril el juez Thomas S. Hixson, de la Corte Federal del Distrito Norte de California, ordenó que el expresidente se entregara a la justicia.
A último momento, Toledo logró que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. le otorgara una «moción de emergencia» que retrasó su extradición.
Pero fue la última maniobra antes de ser llevado a su país para enfrentar los juicios de corrupción en su contra. Actualmente, se encuentra en la cárcel de Barbadillo, donde cumplirá una orden de prisión preventiva de 18 meses.
