Alvany tiene un mensaje fijado en su perfil de Twitter en el que cuenta cómo fue abusada. Tiene 18 años y esta semana decidió hacer público un episodio de hace tres años, cuando todavía era menor de edad, en una fiesta entre amigos. Jugaban a hacer retos, le tocó irse a un cuarto con uno de ellos. Aunque dijo ’no’ muchas veces el joven abusó sexualmente de ella con violencia. Logró zafarse e irse a casa sin dar mayores explicaciones. Botó la blusa que llevaba puesta ese día y calló por años en los que se sintió culpable de lo ocurrido. El hilo de Twitter ha causado revuelo en Maracaibo, la ciudad petrolera al oeste de Venezuela, donde vive la joven. Otras mujeres han contado sus historias, que otros han puesto en duda. Los mensajes acumulan likes y retuits y posiblemente se queden ahí.
Por FLORANTONIA SINGER / elpais.com
Contar una historia de acoso sexual en Twitter puede ser la única oportunidad de una víctima de denunciar, con toda la exposición emocional que eso implica. A veces, también, puede conducir a un cambio. En abril, pasó con una exalumna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), del núcleo de Guayana, al sur del país. En una seguidilla de tuits señaló a un profesor de Comunicación Social de haberla acosado durante la carrera. Dos años atrás la había amenazado con reprobarla si no tenía relaciones sexuales con él. Tras los tuits, ocurrió lo mismo que con Alvany esta semana. Una avalancha de respuestas.
Otras víctimas hablaron. En cascada, salieron nuevos nombres, otras carreras, otras universidades. Quedó nuevamente en evidencia que el acoso a las mujeres es más frecuente de lo que se habla. La presión de esas víctimas movilizó a la institución a crear un protocolo de actuación en estos casos. Y ese pequeño paso se hace enorme en Venezuela, donde ninguna universidad tenía un instrumento similar hasta ahora y en el que la violencia de género mata a más mujeres que la criminalidad: 137 nada más en el primer semestre de 2020.
En la universidad reconocen que de la crisis en redes sociales surgió el protocolo al que han dado respaldo varias organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y comunidades vulnerables como la LGTBI. “Todo comenzó por el señalamiento en redes sociales de un profesor de parte de una presunta víctima de acoso que se fue del país y no terminó la carrera. La gente argumentaba que no era un único episodio, que sentía que las denuncias no llegaban a nada, por una sensación de inferioridad con respecto al acosador”, dice Magaly Vásquez, secretaria de la UCAB y coordinadora de la comisión que creó el instrumento.
La universidad decidió abrir una investigación por la denuncia, pero no lograron recabar pruebas. Aseguran que tampoco pudieron entrar en contacto con la denunciante porque cerró su cuenta en la red social, ni con las otras víctimas. Tuitear, al menos, sentó un precedente para casos futuros.
La abogada explica que el reglamento disciplinario de esta universidad privada, que sanciona plagios, riñas o copiar en un examen, les permitía de alguna manera actuar en estos casos. Sin embargo, se dieron cuenta de la necesidad de crear un instrumento especial. Basaron parte de sus deliberaciones en una investigación que hizo el año pasado la plataforma de periodismo Distintas Latitudes, en la que examinaron 100 universidades de 16 países de la región y encontraron que en 60 de estas no había protocolos para estas situaciones. También miraron normas similares en universidades hermanas de la orden religiosa Compañía de Jesús, a la cual pertenecen. En cuatro meses, durante sesiones virtuales por la cuarentena por la covid-19, dieron con el protocolo para la prevención y atención en casos de acoso y violencia sexual.
Un reglamento para toda la universidad
El reglamento no está enfocado solo en casos de acoso a las mujeres, sino que establece cláusulas de no discriminación de género ni de orientación sexual. El ámbito del reglamento es para toda la universidad e incluye no solo a profesores y alumnos, sino a todo el personal y proveedores que se relacionen con la casa de estudios. Aun en receso escolar, el próximo 16 de septiembre comenzarán las clases y lo pondrán a prueba junto con una campaña de información para que la comunidad sepa cómo usarlo.
“A la prevención, la confidencialidad de los datos y la no revictimización al relatar varias veces lo vivido le pusimos mucha atención, para que la persona pueda sentirse segura”, señala Vásquez. La persona que denuncie ante la Comisión Disciplinaria, que será la que canalice estos casos, recibirá primeros auxilios jurídicos y psicológicos. También se han establecido plazos. Los hechos tienen que haber ocurrido en los últimos tres años, lo que es una limitante, pero no necesariamente tienen que haber sido dentro del campus. En cuatro meses, según la norma, debería sustanciarse un expediente. Las sanciones van desde amonestaciones y suspensión hasta la destitución y expulsión definitiva en los casos más graves, los de violencia sexual. Están previstas medidas cautelares de protección a las víctimas como su traslado de área de trabajo, aula u horario.
Melanie Agrinzones tiene 22 años, es universitaria y pertenece al grupo feminista Uquira. Ahora cursa estudios de posgrado, pero en sus años de alumna de Estudios Internacionales en otra universidad vivió el desagradable momento en que un profesor le puso una mano sobre la pierna cuando se quedaron solos en un salón. Dice que se tensó tanto, que todo quedó ahí. “Pero este es un problema sistemático, muchas hemos recibidos tratos inadecuados también en las universidades”, comenta e insiste: “Hay que resaltar la importancia de que las juventudes reclamen. Dudo mucho que se tuviese pensado hacer un protocolo antes de que todo saliera en Twitter”.
Agrinzones reconoce que el protocolo es un paso grande y necesario en la lucha por los derechos de las mujeres, pero cuestiona que ponga un límite temporal a los hechos susceptibles de ser investigados y sancionados. “Hay mujeres que les da pánico denunciar y esperan a tener el título universitario, después de cinco años de carrera, para hacerlo. He conocido otras que simplemente abandonan o cambian de carrera por lo que vivieron”.
Uquira se movilizó en la UCAB para exigir protocolos para que las universidades, tanto públicas como privadas, sean espacios seguros para las mujeres. Entonces desplegaron la campaña #UniSinAcoso para promover el tema. A la par, desarrollaron una encuesta en la que encontraron que no solo las figuras de autoridad como profesores pueden ser potenciales acosadores, sino también líderes estudiantiles. “Hablar de esto es importantísimo, porque hay muchas mujeres se enteran qué es acoso leyendo las historias que vivieron otras”.
