Una de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la participación de los jefes militares de golpes de Estado no está vetada. Imagen: Manuel Elias / ONU
NACIONES UNIDAS (Por Thalif deen / IPS) La oleada de golpes militares en países africanos -entre ellos Burkina Faso, Sudán, Guinea, Malí y, ahora, Níger- ha suscitado una pregunta legítima: ¿Cuál debería ser la respuesta de las Naciones Unidas, un organismo mundial que tiene como gran apuesta la democracia multipartidista, ante las tomas del poder por parte del ejército?
La condena contra las interrupciones militares de los gobiernos democráticos sí suele haber.
Un día después del golpe militar en Níger del 26 de julio, el secretario general, António Guterres, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, lo condenaron enérgicamente, e igual lo hicieron los 15 miembros del Consejo de Seguridad, en una rara unanimidad sobre un asunto aparentemente políticamente divisivo.
Pero, ¿y si estos líderes militares pretenden ejercer su derecho a intervenir en las fase inaugural de la 78 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que comienza el 20 de septiembre?
Como señaló el diario The New York Times el domingo 30 de julio, el cinturón golpista de África se extiende de costa a costa y se ha convertido en «el corredor de gobiernos militares más largo de la Tierra».
En una época pasada, la ONU proporcionó una plataforma a al menos cuatro de estos líderes, entre ellos el cubano Fidel Castro (1959-2006), el coronel libio Muammar Gaddafi (1977-2011), el maliense Amadou Toure, quien asumió el poder tras un golpe de Estado en 1991, pero más tarde fue elegido democráticamente como presidente, y el ghanés Jerry Rawlings, quien tomó el poder en 1979, ejecutó a antiguos líderes políticos, pero más tarde fue presidente civil elegido democráticamente.
Pero, irónicamente, hubo al menos un caso en el que un primer ministro de Tailandia –un país en el que los golpes de Estado militares se sucedían con gran frecuencia- fue expulsado del poder cuando se dirigía a la Asamblea General de la ONU, lo que le dejó sin hogar y le envió al exilio político en un país de Medio Oriente.
El golpe de Estado tailandés de 2006 tuvo lugar el 19 de septiembre de 2006, cuando el Ejército Real Tailandés aprovechó su ausencia para desalojar del poder al gobierno provisional al primer ministro Thaksin Shinawatra, en el poder desde 2002.
Desde entonces si propagó un consejo no pedido a los líderes mundiales que visitan la ONU en Nueva York: Si dirigen un gobierno políticamente inestable, asegúrense de llevar a todos sus jefes militares (del ejército, la marina y las fuerzas aéreas) como miembros de su delegación, para así evitar un golpe de Estado en su país durante su ausencia.
El embajador Anwarul K. Chowdhury, quien fue representante permanente de Bangladesh ante la ONU (1996-2001) y secretario general adjunto de las Naciones Unidas (2002-2007), dijo a IPS que países que respetan la democracia participativa, deberían impulsar una resolución, para que los líderes de golpes militares contra gobiernos electos no puedan hablar en la ONU.
Citó entre los órganos del sistema de la ONU en que deberían quedar excluidos a la propia Asamblea General, así como el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social (Ecosoc) y el Consejo de Derechos Humanos, que sesiona en Ginebra.
“Creo que una resolución así se aprobaría por amplia mayoría. Solo necesitamos que unos pocos Estados miembros, que crean en la democracia, den ese primer paso valiente, decidido y con visión de futuro que tanto necesitamos. Espero que la Asamblea General adopte una decisión que haga historia», afirmó.
También tendría como efecto, adujo, que los líderes militares sabrían que la ONU no permitirá que sus países se unan a ninguna de sus operaciones de paz ni que ocupen ningún alto cargo en el sistema de la ONU.
Chowdhury, quien fue presidente de turno del Consejo de Seguridad de la ONU (2000 y 2001) y presidente de la Comisión Presupuestaria y Administrativa de la ONU (1997-1998), afirmó que esos dirigentes deberían pagar un precio por sus acciones antidemocráticas.
Recordó que cuando ocupaba cargos en la ONU alertó en muchas ocasiones sobre la importancia de la “cultura de paz” dentro del órgano mundial. “Esta toma de conciencia se ha vuelto más pertinente en medio del militarismo, la militarización y el armamentismo cada vez mayores que están destruyendo nuestro planeta y nuestra gente”, planteó.
A su juicio, solo la democracia participativa puede reflejar eficaz y adecuadamente el verdadero espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que comienza con las palabras «Nosotros los pueblos».
Pero, ¿hay algo más eficaz y con mayor legitimidad para representar la opinión de los pueblos de los distintos Estados miembros en este parlamento mundial deliberativo?
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Stephen Zunes, profesor de Política en la Universidad de San Francisco, dijo a IPS que las Naciones Unidas fueron fundadas originalmente por los aliados victoriosos en la guerra contra el fascismo, la Segunda Guerra Mundial 1939-1945).
Tener un gobierno democrático nunca fue un requisito previo para ser miembro de la ONU, pero el especialista recordó que el principio de que debe existir un orden internacional basado en normas sí implicaba que esos principios también debían aplicarse a los de los Estados miembros.
Del mismo modo, las disposiciones sobre derechos humanos adoptadas por las Naciones Unidas también implican la necesidad de un gobierno democrático.
Un primer paso importante para estar a la altura de sus fundamentos democráticos sería que las Naciones Unidas prohibieran a los líderes de regímenes militares hablar ante las Naciones Unidas, afirmó Zunes, especialista en temas de la ONU y de su Consejo de Seguridad.
“Desgraciadamente, los poderosos gobiernos autocráticos, como Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, probablemente se opondrían a esta norma», afirmó. Y Estados Unidos, a pesar de su retórica a favor de la democracia, también podría tener objeciones, acotó.
Aseguró en ese sentido que “el gobierno de Joe Biden es el mayor defensor de los regímenes autocráticos, y proporciona armas a 57 % de las dictaduras del mundo”.
“De hecho, el general egipcio (Abdel al) Sisi es el segundo mayor receptor de ayuda militar de Estados Unidos, y los contribuyentes estadounidenses gastan más de mil millones de dólares anuales para apuntalar su régimen militar, que tomó el poder en un sangriento golpe militar en 2013″, destacó Zunes.
Cuando en 2004 la Organización para la Unidad Africana -ahora la Unión Africana- prohibió a los golpistas participar en las cumbres africanas, el entonces secretario general, Kofi Annan (1997-2006), fue un paso más allá y dijo que esperaba que algún día la Asamblea General de la ONU siguiera sus pasos y prohibiera a los líderes de gobiernos militares hablar ante la Asamblea General.
La propuesta de Annan representó un hito histórico, pero nunca llegó a cristalizarse en una institución en la que son los Estados miembros, y no el secretario general, quienes gobiernan la Organización. Y cualquier medida de este tipo podría volverse en contra de los Estados miembros si, algún día, se encuentran representando a un país dirigido por un líder militar.
El franco Annan, nacional de Ghana, también afirmó que «algunos dirigentes africanos siguen escamoteando miles de millones de dólares de fondos públicos, incluso mientras las carreteras se desmoronan, los sistemas sanitarios fallan, los escolares no tienen ni libros, ni pupitres, ni profesores, y los teléfonos no funcionan».
Huelga decir que la ONU no hace distinciones entre «dictadores benévolos» y «dictadores implacables», pero como institución internacional que predica la democracia multipartidista y las elecciones libres, sigue consintiendo que los líderes militares o producto de un golpe hablen en público, mientras los agasaja durante las sesiones anuales de la Asamblea General.
«Sí, por supuesto», respondió Chowdhury sobre si las Naciones Unidas deberían establecer una norma que impida que esos golpistas hablen en la ONU, y añadió que ya debió hacerse cuando Annan lo sugirió a comienzos del milenio..
El Grupo Africano, el mayor grupo regional de Estados miembros en la ONU, lo habría defendido no solo porque la OUA ya había prohibido la presencia de golpistas en sus cumbres, sino también porque la propuesta procedía de un secretario general que era hijo de África.
“Perdimos esa oportunidad cuando un líder visionario de la ONU tuvo el valor de sugerir que la Asamblea General de la ONU siguiera el ejemplo de África. Han pasado dos décadas. No creo que ningún otro Secretario General tenga el valor de sugerirlo públicamente», consideró Chowdhury.
T: MF / ED: EG
Cortesía: IPS Venezuela
