La comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, acusada junto al presidente ruso, Vladímir Putin, por la Corte Penal Internacional (CPI) de la deportación ilegal de niños de Ucrania, afirmó hoy que desconoce los detalles de la causa en su contra.
«En estos momentos no sabemos nada sobre cuáles son los casos a los que se refieren. Los argumentos públicos son abstractos: no incluyen nombre, apellidos, direcciones, y por tanto, no podemos verificarlos», afirmó en su canal de Telegram.
Lvova-Belova negó que la CPI hubiese contactado con ella y afirmó que por su parte no envió a esta institución ningún tipo de documentos.
Respecto a las acusaciones de Kiev sobre la deportación forzosa de miles de niños ucranianos, afirmó que las autoridades ucranianas no han presentado pruebas concretas, lo que les permite «hablar de cualquier cantidad sin tener responsabilidad alguna al respecto».
Recordó que «Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI», por lo que las decisiones de esta corte «son insignificantes».
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el pasado viernes una orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova como «presuntos responsables» de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.
Rusia reaccionó con indignación ante esta decisión, que interpretó «como una agresión» contra el país, según afirmó el presidente de la Duma rusa, Viacheslav Volodin.
El jefe del Comité de Instrucción de Rusia, Alexandr Bastrikin, ordenó iniciar una investigación sobre lo que llamó «emisión ilegal por parte del Tribunal Penal Internacional de una orden de arresto contra un ciudadano ruso».
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó la orden de «indignante» e «inadmisible».
«Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho», dijo.
