Este miércoles un grupo de representantes de varias ONG defensoras de Derechos Humanos en Venezuela acudieron hasta la oficina sede de la PNUD en Caracas para exigir la liberación inmediata de la activista y defensora de DHH, Rocío San Miguel, quien es acusada por el régimen de Maduro de estar involucrada en un presunto plan de magnicidio.
Destacaron que «rechazamos las acciones judiciales por parte del Estado venezolano respecto a las recientes detenciones en contra de la activista de DDHH Rocío San Miguel y sus familiares».
Por su parte, la directora ONG Civilis, Andrea Santacruz señaló que «Rocío San Miguel, así como también Javier Tarazona y todos los presos políticos que se encuentran detenidos por ejercer su derecho deben ser liberados».
Lexys Rendón, de Laboratorio de Paz, insistió en que «necesitamos saber cuál es la condición física de Rocío San Miguel (…) Hacemos una exigencia a los órganos de protección, tienen que hacer labores y procedimientos para salvaguardar la vida de la activista y su familia (…) La desaparición forzosa es un crimen, es una violación gravísima de los derechos humanos y Rocío San Miguel y su familia han sido víctimas de esto (…) También exigimos revertir la ‘Furia Bolivariana’ que se ha desatado en el país después que la población venezolana se expresó de forma participativa en dos eventos. Eso quiere decir que quieren inhabilitar a una sociedad no solo ante la Ley Antisociedad sino a través de la persecución política, que es un crimen por el que el Estado venezolano está siendo investigado en la Corte Penal Internacional».
La representante de la ONG Cofavic, Claudia Carrillo, recalcó que «desde el periodo 2018 a 2023 se han registrado 2.227 ataques, siendo los últimos tres años, el mayor registro de casos. (…) Las mujeres defensoras son las principales víctimas».
Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, reiteró que «lo más grave en el caso de Rocío San Miguel es el ataque a su propia familia».
