La presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz Delsa Solórzano, denunció que durante la ilegítima designación de los magistrados del TSJ de Maduro se violaron al menos dos artículos de la Constitución de forma flagrante.
«Además de la ilegitimidad de la Asamblea que realizó la selección, se le suma la violación de los artículos 254 en cuanto a la independencia del Poder Judicial y el 264 en cuanto al tiempo en el que una persona puede ser magistrada del TSJ», reseñó Solórzano.
Detalló que hay una disposición constitucional muy clara que es el artículo 254 que señala que el Poder Judicial es independiente y el TSJ gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa.
«Se establece la independencia del Poder Judicial que evidentemente se está violando de manera fragante, asimismo la única Constitución vigente en Venezuela en su artículo 264 establece que los magistrados del TSJ serán elegidos por un único periodo de 12 años, es decir, no pueden repetir el cargo, sin embargo 12 de los señores que pusieron ayer ya eran magistrados anteriormente», dijo.
Destacó el criterio de autonomía e independencia del Poder Judicial, «los ciudadanos que pretendan acceder a esos cargos no puedan tener tampoco ningún tipo de vinculación de carácter político y varios de los que designaron ayer son dirigentes políticos, aún hoy, del partido de la usurpación».
Solórzano indicó que cinco de estos magistrados pertenecen al grupo de 2015, «aquello que se denominó magistrados exprés, que fueron aquellos que siendo diputados de la Asamblea Nacional y sabiendo que iban a perder las elecciones designaron a un comité de postulaciones y votaron por ellos mismos para pasar de diputados a magistrados».
-Evidentemente lo que está ocurriendo es una clara y flagrante violación del texto constitucional, vemos además en esa lista a personas que están siendo investigadas por la comisión de delitos que violan derechos humanos y que podrían también investigarse por la Corte Penal Internacional debido a la comisión de crímenes de lesa humanidad.
La defensora de derechos humanos aseguró que la nueva acción del régimen tiene el único interés de eludir la competencia de la Corte Penal Internacional que próximamente instalará una oficina en Venezuela con la finalidad de escuchar a las víctimas.
«Ese es un listado vergonzoso y nosotros queremos resaltar de manera muy importante que no es cierto que allí hay gente de la oposición, eso no es verdad, esa vergonzosa votación unánime qué ocurrió el día de ayer reitera la pretensión del régimen de evadir la justicia», destacó.
