Como «demoledor» calificó la defensora de derechos humanos y candidata a la primaria opositora, Delsa Solórzano, el informe del caso “Venezuela I” publicado este viernes en el marco de la investigación que lleva la Corte Penal Internacional.
Detalló que se trata de un nuevo documento de 57 páginas, de la Sección Participación de Víctimas y Reparación («VPRS») que revela las opiniones e inquietudes de las víctimas con respecto a la solicitud del Fiscal .
«Se trata de demoledor informe donde resume algunos de los 2000 testimonios recibidos en el marco de la investigación. En el mismo, se detallan torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, violación u otras formas de violencia sexual» , explicó Solórzano.
Resalta igualmente desplazamientos forzados, prisión política, persecución por parte de organismos de represión del Estado (incluyendo en ellos colectivos paramilitares), cercenamiento a la libertad de expresión e información, criminalización de la disidencia política y de las ONGs, campañas de desprestigio e intimidación a través del uso de los medios de comunicación del Estado.
«Limitación al derecho a reuniones y manifestaciones públicas, limitación al libre tránsito, violacion a la inmunidad parlamentaria para perseguir a los diputados, violación a todo tipo de libertades individuales, control social a través del llamado ‘carnet de la patria’, entre muchas otras violaciones a los DDHH y crímenes de lesa humanidad que se han cometido de manera sistemática», dijo.
Solórzano agregó que las víctimas sostienen que el Gobierno de Venezuela no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos, con total impunidad, por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos’, grupos armados supuestamente apoyados y blindados por las autoridades estatales.
Señala el informe que , según ACNUR, “hay más de 7,13 millones de refugiados y migrantes de Venezuela en todo el mundo y la gente continúa saliendo del país para escapar de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicamentos y servicios esenciales.”
Igualmente indican que “muchas víctimas de delitos bajo la jurisdicción de la CPI apoyan de todo corazón una investigación de la Fiscalía, [pero] no presentaron sus opiniones e inquietudes por temor a que sus formularios fueran interceptados por el Gobierno, lo que daría lugar a más persecuciones políticas y abusos”.
El informe – agregó Solórzano – hace referencia a la falta de independencia del Poder Judicial y su utilización como instrumento de persecución política.
Las víctimas incluyen: defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud; jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios v funcionarias públicos de la judicatura; trabajadores del sector público y privado; estudiantes universitarios, profesores, miembros de partidos políticos, parlamentarios, diplomáticos, pensionados, periodistas, medios de comunicación, blogueros y usuarios de redes sociales, propietarios de tierras, granjas y comercios.
«El horror ahí narrado no es más que una muestra de lo que viven las víctimas de la dictadura en Venezuela. Hago un sincero reconocimiento a la valentía de cada una de las personas que se atrevieron a declarar y expresar su testimonio, gracias a ellas hoy el mundo sabe lo que sufre nuestro país. Mi reconocimiento también a cada uno de los abogados y activistas de DDHH que trabajaron arduamente para asistir a las víctimas», puntualizó.
A título personal y en nombre de todo el equipo que me acompaña, reitero nuestro compromiso de luchar hasta obtener justicia, no solo para las más de 300 víctimas a las que represento ante la CPI, sino para cada venezolano.
