La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, exhortó este martes a la Corte Penal Internacional (CPI) a tomar acciones frente a las violaciones de derechos humanos que ejecuta la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
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“Hemos visto videos en redes sociales de un grupo criminal amenazando de muerte a varios de sus miembros e incluso a sus familiares. Hechos como estos ocurren sólo cuando existe un Estado cómplice, igualmente criminal y son incontrolables cuando hay un Estado fallido”, expresó Solórzano en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter.
La parlamentaria reprochó que “las autoridades encargadas de la investigación criminal en Venezuela, han guardado un silencio ensordecedor, mientras tanto, empleados de la escuela, padres y niños corren grave peligro. A la dictadura no le importa la vida e integridad física de las personas en peligro”.
“En nuestro país se encuentran representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, enviador por Michelle Bachelet. Esperamos que estén documentado debidamente este grave hecho. Así mismo, debe ser del conocimiento de la Misión de Verificación de Hechos”, acotó.
De igual forma, la diputada por Encuentro Ciudadano afirmó que “es claro que no hay justicia en Venezuela. Vivimos en el país más violento y con mayor impunidad del planeta, la seguridad ciudadana está básicamente en manos de la Divinidad”.
“Desde los espacios que me ha correspondido ocupar en la Asamblea Nacional estos años, he atendido víctimas, documentado hechos, realizado investigaciones, denunciado ante instancias internacionales, acudido a la Cámara de Comercio Internacional, elaborado leyes, etc. Es claro que eso no es suficiente”, sentenció.
Por último, Solórzano recordó que “en Venezuela hay ausencia de justicia y de separación de Poderes, violación constante de nuestro DDHH, existencia de centenares de presos políticos, crisis humanitaria compleja y clara vigencia de un Estado Criminal y terrorista. Todo ello ha sido denunciado y documentado”
“La falta de actuación y pronunciamiento oportuno en casos como estos, hace cómplices a los organismos encargados de estos fines y a sus representantes. ¡Es hora de actuar, Corte Penal Internacional”, concluyó.
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