Delsa Solórzano pidió este miércoles la acción de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, luego de que el martes falleció en prisión el general y exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien, según la Fiscalía, sufrió un paro cardiorrespiratorio a causa del covid-19.
«Hoy cada familiar de cada preso político venezolano se encuentra con más miedo y desconcierto, temiendo por la vida de quienes se mantienen secuestrados por la dictadura. No bastan los comunicados de algunos organismos internacionales, es hora de actuar (Corte Penal Internacional)», dijo Solórzano en Twitter, donde también lamentó la muerte del general.
La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad. El informe incluía los abusos en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como los abusos en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
La exfiscal Fatou Bensouda adelantó en noviembre del año pasado que existían fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Bensouda dejó su cargo como fiscal en la CPI el 15 de junio de este año y en su último informe señaló que existe una base razonable para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de la competencia de la Corte al menos desde el 2017.
El caso continúa en manos del ahora fiscal Karim Khan.
Presos políticos en Venezuela
La oposición venezolana pidió en diversas oportunidades que se acelere el proceso. A su juicio, ocurren constantes violaciones de derechos humanos, en especial a los denominados presos políticos.
El general Baduel, aliado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), se consideraba un preso político por la oposición venezolana.
La familia del que también fue ministro de Defensa de Chávez acusó al gobierno de asesinarlo.
El abogado de la familia, Omar Mora Tosta, señaló que el exministro venía quejándose de muchas consecuencias de ese encierro injusto.
Baduel se consideraba como el artífice de la vuelta de Chávez a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002.
Posteriormente, se rebeló contra la supuesta deriva totalitaria y la propuesta de reforma constitucional de Chávez, así como de su delfín y sucesor, Nicolás Maduro.
En 2009, fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena, que se prolongó hasta su muerte. En 2015 se le otorgó libertad condicional, bajo unas premisas que incumplió según las autoridades del gobierno. Volvió a la cárcel en 2017, año en el que debió finalizar su pena.
