La presidente del partido Encuentro Ciudadano y defensora de los derechos humanos Delsa Solórzano, informó los resultados de las más recientes investigaciones por las violaciones a los derechos humanos en el estado Apure.
Solórzano contó con el testimonio de Emir Remolina, un ciudadano de la entidad que relató la tragedia que vivió su familia, quienes fueron asesinados en manos de los cuerpos policiales.
“Dicen que ellos que eran guerrilleros y que cayeron abatidos, me mostraron fotos de mi papá, algo ilógico, se ve que todo es falso”, expresó el ciudadano, quien asegura que su familia no estaba involucrada con la guerrilla.
Emir Remolina, hijo, hermano y sobrino de víctimas de la masacre; acompañó a Solórzano a través de una videollamada y relató, llorando, la atrocidad que vio:
“Cuando yo veo las fotos automáticamente me doy cuenta que son mi papá y mi mamá, mi hermano y el tío mío», vale acotar que su tío era un joven de 20 años y su hermano un menor de edad, «apenas tenía 17 años», lamentó el denunciante, a la vez que afirmó que las víctimas eran «gente trabajadora, mi padre trabajaba en una finca se dedicaba al campo.
Eran gente inocente, lo puedes ver por las redes, todo el mundo lo sabe. No tenían ningún vínculo con la guerrilla como lo quieren hacer ver».
La defensora de los derechos humanos de Venezuela Delsa Solórzano, aseguró que cuentan con múltiples testimonios, y que éstos fueron entregados a la oficina de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU Michelle Bachellet.
“Ya hemos hecho llegar los testimonios que ustedes autorizaron y estamos levantando el expediente por violación de derechos humanos, estamos trasmitiendo toda la información a las autoridades internacionales”.
Así mismo recalcó que la ONU se encuentra realizando las investigaciones pertinentes con base en los distintos testimonios, “Nosotros evidentemente no somos cuerpo jurisdiccional, pero somos defensores de los derechos humanos y aquel ciudadanos venezolano que no ha cometido ningún crimen y contra el cual se han cometido violaciones a los derechos humanos, ahí estaremos nosotros, esto se tiene que investigar”.
Insistió en que no piden más que justicia e investigación imparcial, “ustedes me conocen, el país me conoce, y saben que yo soy una persona de ley, que actúa apegada al derecho, no estamos más que exigiendo investigación independiente y transparente”.
La presidente del partido Encuentro Ciudadano también demandó: “Hoy hemos visto que organismos que representan al régimen de Maduro han dicho que, en efecto, se han violado derechos humanos, pero están designando para que investiguen, a los propios cuerpos militares que, no pueden ser investigados e investigadores”.
Por su parte el hijo de la pareja asesinada, se comprometió a buscar respuestas, pidió hacer justicia y limpiar el nombre de su familia, para que quede claro, que fueron cuerpos militares venezolanos y que no hay vínculo alguno entre sus padres y las FARC.
«Que les hagan balística, que les hagan pruebas, que revisen las balas, que investiguen, que se limpie el nombre de ellos, porque ya recuperarlos vivos no puedo, por esa masacre tan absurda que hicieron esos militares corruptos».
La presidente de la Comisión Especial de Justicia y paz, afirmó que «el régimen busca distraer la atención y que estos actos no sean vistos como crímenes de lesa humanidad y asesinatos», mientras pidió respeto en la investigación.
Finalmente recalcó que ya cuentan con las autorizaciones de las víctimas para compartir con las autoridades sus testimonios, sin dejar de lado los hechos de El Ripial, posteriores a los de La Victoria y los cuales «también fueron consignados ante la oficina de Bachelet».
Dijo que como defensora de los derechos humanos y abogada estará acompañando y defendiendo a los ciudadanos. “Siempre vamos a estar dispuestos a ayudar al más necesitado, no nos importa el color político no nos importa ningún tipo de filiación partidista”.
Es de suma importancia destacar que, según la denuncia de Remolina, no han tenido acceso a los cuerpos de sus familiares, porque «el hospital está militarizado, no dejan entrar a nadie. La orden es no entregarlos».
