En el plenario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra, se presentó este lunes 26 un demoledor informe sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El órgano de seguridad responsable del mayor número de casos, parte central del brazo represivo del chavismo contra de sus disidentes, contó directamente con la asesoría del régimen cubano.
El tercer informe de la Misión Independiente de Verificación de los Hechos se dio a conocer de forma preliminar el 21 de septiembre. Entonces, por primera vez, quedó documentada una cadena de mando que relacionaba a Nicolás Maduro y su círculo de poder con las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos en Venezuela. Este lunes 26, el informe se presentó en plenaria en Ginebra.
Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del Gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad, sostiene el tercer texto de esta misión de expertos independientes, creada en 2019 por decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual«; ha sostenido la experta portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
De acuerdo con dicha investigación, varios exfuncionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) confirmaron que «agentes del Estado cubano han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM«.
La DGCIM, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), son los dos órganos de seguridad del Estado venezolanos señalados de forma directa como involucrados en una serie de atrocidades, torturas, trato cruel y detenciones en lugares clandestinos, entre otros patrones que se repiten en Venezuela, bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.
Los expertos internacionales lograron revisar «los acuerdos confidenciales escritos entre los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de Cuba, en los que se otorgaba formalmente al Gobierno cubano un rol en la reestructuración de los servicios de contrainteligencia militar venezolanos y en la formación de oficiales«.
Los acuerdos en materia de seguridad se remontan a 2006, una vez que Hugo Chávez rompió en 2005 una larga relación de cooperación militar entre Venezuela y Estados Unidos. La misión de la ONU recabó información para señalar que dicha «cooperación continuaría vigente» en la actualidad, con lo cual el aparato de seguridad de Cuba está involucrado en los crímenes de lesa humanidad dentro de Venezuela.
En sus tres informes, este equipo de expertos señala de manera directa a la DGCIM y al SEBIN de ser responsables «de violaciones de los derechos humanos desde 2014, en el contexto de un ataque contra opositores al Gobierno, reales o percibidos como tales». Para los expertos, «algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad».
La misión de la ONU documentó 122 casos de víctimas que fueron detenidas por la DGCIM, de las cuales 77 fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se llevó a cabo en su sede, conocida como La Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención clandestinos en diversos puntos del país.
En el caso del SEBIN, según la misión, se documentaron 51 casos que evidencian patrones de violaciones graves y sistemáticas. Al comparar el volumen de casos de ambos organismos, la DGCIM, que recibió asesoría del régimen castrista, tiene un registro notablemente mayor en los casos enmarcados como crímenes de lesa humanidad.
Tanto el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos, determinaron los expertos y lo recalcaron en su presentación en Ginebra.
En relación con Cuba, «se trata de acuerdos de cooperación pagados con petróleo venezolano, enmarcados en el campo de la inteligencia y seguridad y de carácter confidencial», sostiene el activista de derechos humanos venezolano Rigoberto Lobo.
«Desde el año 2014 las organizaciones venezolanas de derechos humanos hemos escuchado sobre esta presencia a través de los testimonios de las víctimas. Es un patrón y no la apreciación de una o dos personas. Esto ha sucedido cuando en simultáneo viene ocurriendo una represión y tortura sistemática contra las personas que protestan pacíficamente y contra disidentes políticos», explica Lobo a DIARIO DE CUBA desde Buenos Aires, donde está en espera de asilo tras tener que abandonar Venezuela de manera forzosa.
Para Lobo, director de la ONG Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM), los acuerdos vigentes persiguen «fortalecer el aparato de inteligencia y control social que funciona bastante bien en Cuba».
Precisamente en 2014 asumió como ministro de la Defensa en Venezuela el general Vladimir Padrino, quien ha permanecido este cargo de forma ininterrumpida desde entonces. En una visita que hizo al convaleciente Fidel Castro en 2015, este militar venezolano mostró su abierta simpatía por el castrismo.
El general Vladimir Padrino ha sido el único en ocupar de forma simultánea el cargo de ministro de la Defensa y jefe del Comando Estratégico Operacional, posición que tuvo entre 2014 y 2017, justamente los años de más cruda represión ejercida por el chavismo, mediante el uso de militares y policías.
