Hasta tres meses sin cobrar puede pasar un empleado del personal de seguridad del Hospital Victorino Santaella Ruiz. Un vigilante, quien prefiere mantenerse anónimo por miedo al despido, informó que apenas en diciembre recibieron el pago de tres meses.
“Esta semana supuestamente depositaron 10 millones de bolívares, que corresponden a enero y febrero, del mes de marzo aún no tenemos información. De por sí, 5 millones no alcanza para nada”, dijo.
El gremio, conformado por unas seis personas, exige pagos puntuales. En su artículo 126, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) establece que “el lapso fijado para el pago del salario no podrá ser mayor a una quincena”. El lapso solo podrá ser de un mes si el trabajador recibe alimentación y vivienda.
Pero los empleados de seguridad del recinto ni siquiera están seguros de estar en nómina o de cotizar en el seguro social. “Ya son unos seis meses trabajando aquí y aún no nos hacen la contratación”, señalan.
Guillermo Aza, especialista en derecho laboral, explica que mientras no sean inscritos en el seguro social, corren el riesgo de permanecer en un estado de vulnerabilidad. “Más tardarán en ser acreedores a una pensión de vejez, tampoco serán beneficiarios a las indemnizaciones de la ley”, comenta.
Por su parte, Pablo Zambrano, secretario de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), asegura que esta situación se repite en los centros de salud públicos del país. Señala que las irregularidades en los pagos se presentan, en parte, porque la nómina está centralizada por el Sistema Patria.
Por otra parte, varios empleados, a quienes asignaron como colaboradores en los pisos con pacientes de COVID-19 a cambio de pagos extra, denuncian que no los han cumplido. Tampoco cuentan con contratos físicos o algún documento, más allá de la lista de asistencia, que justifique su labor.
Personal de seguridad sin seguridadAunque esperan aplicarse la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, temen contagiarse de la variante brasilera P.1 del virus. Desde que el hospital cerró sus puertas el 19 de marzo por el aumento de casos del virus, no han recibido trajes de bioseguridad, guantes ni mascarillas para evitar la propagación del COVID-19. Hasta la fecha, se desconoce si la vacuna rusa funciona contra la variante brasileña.
No sabemos si la nueva cepa está en el Victorino, pero son tantos casos que llegan y tan graves que uno se preocupa. Uno también tiene familia, tememos que se contagien”, menciona.
Asegura que hace un mes se les entregó “unos trajes amarillos”. La mayoría corre con los gastos de sus mascarillas. “Es un descontrol. Mucho del personal, enfermeras, seguridad y limpieza no tienen protección de ningún tipo. De repente te colocan una bata, tapabocas, guantes, eso te lo dan una vez a la cuaresma”, dijo una empleada del recinto.
Zambrano aseguró que la mayoría de los equipos de bioseguridad que reciben los centros de salud son donados por sindicatos y ONG.
“También se realiza reciclaje de estos equipos, que no es lo correcto por el riesgo que implica, pero es la única manera en que pueden hacer frente a la pandemia”, destacó.
Hasta este lunes 29 de marzo, Venezuela contabiliza 156.666 casos confirmados y 1565 muertes asociadas al COVID-19.
Omarela Depablos @omarela13 – Crónica Uno
