Recicladores informales dijeron que ahora pretenden obligarlos a vender al precio que indiquen las autoridades y además les están imponiendo dejar al municipio 50 % de sus ganancias.
Caracas. La reutilización de los desechos sólidos, estos últimos años, no ha sido una política municipal ni de Estado. La basura literalmente es de quien la aprovecha. Y en el caso del municipio Libertador de Caracas, está en manos de empresas de reciclaje privadas e iniciativas comunitarias, que ahora están en la mira de la Alcaldía de Caracas, ente que pretende “quedarse con parte de las ganancias de los recolectores”.
En abril de este año rodó una comunicación del Ministerio para el Ecosocialismo, dirigida a las Unidades Territoriales para el Ecosocialismo, en la cual se informaba y ratificaba que de conformidad al decreto Nº 3.586 del 21 de agosto de 2018, se reserva al Ejecutivo nacional la compra de residuos sólidos.
Quedan incluidos el aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición, así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica y fibra secundaria producto del reciclaje de papel y cartón.
Pero más allá, indicaba que los procesos de encadenamiento productivo relacionados con la generación, recolección, distribución, acopio, transformación o comercialización de los materiales estratégicos, solo podrán ser llevados a cabo por personas naturales o personas jurídicas, “bajo las condiciones y requisitos establecidos a tal efecto por el Ejecutivo Nacional mediante regulaciones sectoriales”.
¿Cómo se come eso? Para los recicladores informales no es un plato fácil de digerir, pues ellos han trabajado empíricamente, con reglas ambientales básicas de clasificación y con dinero propio.
“Las regulaciones sectoriales nunca han estado claras. Nosotros, como empresas de reciclaje, pagamos impuestos municipales y hasta ahora nuestro material era de libre tránsito”, dijo un reciclador con más de cinco años en el campo.
Hasta ahí todo iba bien. Sucede que semanas atrás un grupo de recolectores (nueve en total) fueron citados a una reunión con personal de la Alcaldía de Caracas, y ahí les cambiaron las reglas del juego.
“Ahora pretenden obligarnos a vender al precio que ellos digan y además nos están imponiendo que debemos dejar al municipio 50% de nuestras ganancias. Nos han dicho que si queremos reciclar en este municipio debemos tener en cuenta esas condiciones”, citó el trabajador, quien pidió no revelar su identidad, pues teme represalias de los grupos armados que ya están visitando los locales amparándose en falsas fiscalizaciones.
Además, contó, los culpan del basurero regado que hay en las calles. “Nos están intimidando y creando zozobra. Nosotros les hicimos ver que podemos trabajar mancomunadamente, pues se trata del saneamiento del municipio, los equipos y el personal son nuestros. Ellos no pueden meterse así en el negocio sin respetar lo que ya se ha alcanzado”.
Recicladores estratégicos
El planificador ambiental y especialista en gestión integral de residuos y desechos sólidos comentó que desde el Gobierno se inhiben las inversiones privadas en materia de reducción, reutilización y reciclaje. Tampoco amplían ni mejoran los servicios de aseo urbano, pese a los daños a la salud pública y al medio ambiente.
Explicó que los proyectos de reciclaje implican una gestión adecuada y manejo apropiado de residuos sólidos urbanos en los municipios. Esos proyectos son susceptibles de generar empleo decente y materia prima secundaria para la industria nacional, pudiendo mitigar la generación de gases de efecto invernadero productores de calentamiento global y cambio climático.
Criticó que a los recicladores privados e informales se les despoje del material recuperado de industrias, comercios, instituciones y condominios, incluso en vertederos y rellenos sanitarios, bajo la excusa de ser “materiales estratégicos del Estado”.
Además, continuó, aplica la detención arbitraria de recuperadores y retención policial y judicial de vehículos de las empresas, mediando para ello la corrupción de funcionarios y la impunidad entes públicos.
“Hasta 40 % y más –llegan a exigir a los recicladores– del valor potencial que tendrían los residuos por ellos segregados y que serían destinados a la industria nacional, incluso, destinados a exportación, so pretexto de ser objeto de decomiso y puestos a disposición de fiscalías y tribunales. Sin importar que estos cuenten con los permisos para su transporte legal y las certificaciones de que son materiales de procedencia legítima”.
Recordó que la vigente Ley sobre gestión integral de la basura establece que las empresas de reciclaje deben ser estimuladas, fomentadas y propiciadas por el Estado venezolano, y promovido por las instituciones como responsabilidad extendida al productor de residuos y desechos sólidos.
Pero está ocurriendo todo lo contrario –aseguró el especialista–, ya que la mayoría de empresas recuperadoras y recicladoras han reducido al mínimo posible sus programas de recolección de materiales y subproductos reciclables, para evitarse problemas de extorsión, pago de coimas, expropiaciones y expedientes policiales y municipales amañados.
Basura sin dueños
En un documental que la ONG Transparencia Venezuela tiene colgado en la red Youtube, titulado Basura: algo huele mal; se cita que para 2010 de las 19.000 toneladas de basura que se recogían en el país, 90 % quedaba en las calles. Para esa fecha había más de 5.000 segregadores o separadores de la basura.
Y menciona que para 2015 Venezuela tenía el porcentaje más bajo de la región en materia de reciclaje, apenas 2 %.
89 % de los municipios no contaba, para ese entonces, con empresas de reciclaje, mientras proliferan los sitios de disposición final, 311 de acuerdo con los datos de Transparencia Venezuela, los cuales operan con escaso control y algunos están en manos de grupos irregulares.
Ese es un panorama del país, que se adapta al caso de Caracas, donde 60 % de la basura que debería recoger Supra Caracas se queda en las calles.
A la fecha no hay información ambiental de cuántas toneladas de residuos –de los previstos en el Decreto 3.586– ha recuperado el Gobierno nacional para destinarlo al reciclaje en el país. Tampoco de lo que está destinado a exportación en China y otros países interesados en la basura venezolana.
Por otro lado, no se ha permitido la participación de las empresas de reciclaje en las decisiones establecidas en ese decreto.
“Y, peor aún, no hay justicia ambiental que castigue a quienes extorsionan a los recicladores y le compensen los daños personales y patrimoniales causados. Con el agravante, de nuevo, de la persecución a quienes se proveen de ingreso y empleo por el supuesto delito de recuperar residuos valiosos que, de no reciclarlos, implican contaminación ambiental y deterioro de ecosistemas vitales”, concluye el profesor ambientalista Hernán Papaterra.
Luego de la reunión con la Alcaldía, el grupo de empresas de reciclaje se organizó y fue al Ministerio de Ecosocialismo, y amparándose en el Decreto, solicitaron apoyo. “Allá nos dijeron que denunciáramos porque eso es ilegal”, informó el reciclador, quien hasta ese momento entendía que el ente rector era el ministerio.
“¿Ante qué órganos denunciamos? Ahora tenemos miedo, porque estamos a merced de los grupos armados”, sentenció.
Mientras se deshoja la margarita, la basura está en la mira del mejor postor. La que no se recoge se queda en las calles.
