El poder punitivo en Venezuela carece de legitimidad, el necesario retorno a la democracia tendrá el reto de reconstruir el sistema, pero también de restablecer los derechos.
“En el Derecho posee y defiende el ser humano su condición moral de existencia, sin el Derecho desciende al nivel del animal. El pueblo que no lucha por su Derecho, no merece tenerlo”.
Nicolas León Duguit
En general, tenemos la idea de que, a través del derecho penal, la sociedad defiende algunos de los valores que le identifican, aparta a quienes infringen esos valores que han sido expresados en delitos, y se procura la convivencia equilibrada y segura de sus integrantes.
Sin embargo, muchas son las críticas que se le hacen a los sistemas penales, sobre todo en aquellos casos en los que no logra satisfacer las expectativas que la comunidad le confiere.
Eso de algún modo está bien, pues a partir del cuestionamiento es factible la construcción de mejores derroteros, sin olvidar que el sistema punitivo es además un buen termómetro de las libertades en un espacio y tiempo determinado.
Pero nuestro país transita una ruta diferente en materia penal, el sistema no está diseñado para la protección de los ciudadanos, de la sociedad y sus valores, mucho menos de las instituciones.
El sistema punitivo está al servicio de una élite que procura a toda costa permanecer indefinidamente en el poder, para ello han construido un verdadero sistema de terror, mediante el cual se han asegurado que cualquier esfuerzo de articulación de la sociedad a favor de sus derechos, constituye un grave delito y para ello tienen un ejército de policías, torturadores, fiscales y jueces dispuestos a aplicar la justicia revolucionaria, sin importar que para ello tengan que deformar las leyes a expresiones realmente inimaginables.
Jeremy Waldron, sostiene que la legitimidad de los procesos judiciales, descansa en unas mínimas exigencias, entre las que destaca:
- Audiencia ante Tribunal imparcial que actúe sobre la base de pruebas y argumentos ritualmente presentados ante él.
- Un órgano judicial con específica preparación jurídica, cuya independencia esté garantizada.
- Derecho a estar representado por abogado, disponer de tiempo y oportunidades para preparar defensa.
- Derecho a estar presente en el proceso.
- Derecho a examinar testigos de la parte contraria
- Derecho a presentar pruebas en su defensa.
- Derecho a presentar argumentos jurídicos sobre el alcance de las pruebas y de las normas relevantes al caso.
- Derecho a conocer las razones que fundan la decisión del tribunal, sobre la base de las pruebas y de los argumentos presentados ante él.
- Derecho de apelación a un tribunal superior con características análogas.
Es posible que, en algunos sistemas penales, no todos estos principios “legitimadores” del proceso se encuentren presentes, algunos se dan en mayor o menor medida, y otros habrá que reclamarlos, pero que ninguno de ellos exista, y, además, que sea casi un acto subversivo denunciar su incumplimiento, hace de nuestro país un caso de estudio.
La supresión absoluta de un poder judicial imparcial, es la punta de lanza de un sistema diseñado para despojar de la dignidad a las personas, los jueces tienen un rol protagónico en la persecución, junto a sus pares del Ministerio Público.
Los fiscales están dispuestos a inventar delitos inexistentes, forjar pruebas, impedir el acceso a la defensa, permitir torturas y utilizar “pruebas” obtenidas ilícitamente con tal de complacer al carcelero instalado en esa institución.
El tema probatorio es un capítulo aparte, para condenar ya no se requieren pruebas de ninguna índole, con las actas de “inteligencia” levantadas por los organismos de espionaje, basta para acabar con la sagrada presunción de inocencia.
Ni se les ocurra exigir que una sentencia tenga fundamento, no hay necesidad -pregonan algunos jueces- las instrucciones “de arriba” dicen que es culpable y con eso basta, ningún tribunal superior dirá lo contrario.
Los recursos son mera formalidad, pues cuando el poder decide que eres culpable, no hay forma de restablecer la situación.
Esta situación se agrava a partir de la hegemonía comunicacional, con la que el régimen impone una narrativa y convierte a cualquier persona en responsable de un hecho y la somete al linchamiento moral.
Con esto se quiere sustituir cualquier debate en los estrados judiciales, por la condena de las redes sociales.
En fin, el poder punitivo en Venezuela carece de legitimidad, el necesario retorno a la democracia tendrá el reto de reconstruir el sistema, pero también de restablecer los derechos, “reparar” los daños causados y relatar una memoria sólida, para que la barbarie no se repita.
Twitter: @MundarayZair
Zair Mundaray es Abogado en Colombia y Venezuela. Ucevista, construyendo la maravilla del Derecho frente a la barbarie.
