En el auditorio de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) familiares de los detenidos en las protestas se reunieron la semana pasada para una asesoría jurídica. La actividad fue organizada por las ONG Foro Penal, Provea y Civilis. La mayoría de los representantes de los medios de comunicación acudieron al encuentro sin identificación. Los camarógrafos no lucen uniformes. Solo se sabe que están presentes las agencias AFP, EFE, Impacto Venezuela o Telemundo por el taco de los micrófonos. Tratan de pasar desapercibidos. Hay miedo a represalias.
«¿Aparecer en cámara? Me da miedo, de hecho le dije a ella que estoy nerviosa. No vaya a ser que nos estén esperando afuera. Como ahora uno no puede ni mirar», dice una de las presentes que pidió no ser identificada. Acudió al encuentro con un cuaderno y un lápiz para tomar nota de la información que será dada sobre el proceso penal que enfrentan los detenidos en las protestas en Venezuela.
Aunque en el ambiente hay mucha cautela al momento de hablar, desde Provea, Foro Penal y Civilis aseguran a los presentes que es importante el apoyo que pueden brindarse las familias entre sí.Liseth González, de Provea, también tuvo un familiar detenido y lo primero que hace al tomar la palabra es agradecer la valentía de los que acudieron. «En estos momentos de represión es valiente reunirnos, además de necesario. Cada uno por su cuenta no va a poder exigir nuestros derechos, algo para lo que necesitamos organizarnos».
Desde las organizaciones ofrecen asesoría legal completamente gratuita a aquellos que lo necesiten. Los familiares de los detenidos en las protestas pueden denunciar su situación con el número de cédula del privado de libertad al número de contacto publicado en las redes sociales de Foro Penal. Desde allí se les brinda información de cómo es el proceso penal venezolano para adultos y adolescentes. También se les asesora sobre los pasos que se deben seguir para que no se violen sus derechos.
Proceso penal venezolano para adultos
El proceso penal venezolano inicia tras la detención de una persona. En este caso, a la mayoría de los detenidos se le imputan de una vez los cargos por delitos asociados con terrorismo e incitación al odio. Seguidamente, se le asigna un defensor público que será el encargado de llevar su caso. En el país, actualmente, no se les permite a los detenidos ni a sus familiares la designación de un defensor privado. Para conocer qué defensor público se le asignó al detenido los familiares deben acudir a la Defensoría Pública en Bellas Artes, Avenida Morelos, con el número de cédula de su familiar y preguntar por su caso.
Tras la detención y asignación correspondiente del abogado público, el caso entra en una etapa de investigación que dura 45 días. En esta etapa los familiares, junto con su defensor, deben presentar pruebas, cartas de buena conducta, testigos y hasta videos que corroboren la inocencia del acusado. Se deben realizar todas las diligencias posibles para desvirtuar la acusación en contra del detenido y evitar que la fiscalía presente pruebas de la presunta culpabilidad del acusado para promover una condena.
Después de la investigación se da el acto acusativo: el tribunal tiene un lapso de no menos de 15 días para fijar una audiencia preliminar donde se va a determinar el paso del expediente a un juicio. Se tarda aproximadamente de 5 a 10 días que un juez determine si el expediente del detenido irá a juicio.
Es muy importante que en el archivo fiscal no se encuentren elementos suficientes para acusar al detenido así como también que los familiares hablen con el defensor público que lleva el caso. Solo el defensor público tiene acceso a la información sobre los delitos y la fiscalía que lleva el caso. Es, además, el encargado de llevar las pruebas y medios probatorios de la inocencia del acusado.
Defensa pública para todos
A pesar de que el defensor público es el encargado de proporcionar información a los familiares, algunos de los presentes en la asesoría pública intervienen para comentar que no siempre les dieron la información necesaria. Entre ellos estuvo Sol Ocaris, de 53 años de edad, quien viajó desde el estado Anzoátegui para buscar información sobre su hermano detenido, Eduard Ocaris.
“Se me ha volteado la vida por completo. Mi hermano fue casi secuestrado en su apartamento. Los defensores públicos son unos muñequitos de torta. Cómo es posible que me digan que no saben dónde está mi hermano. Busqué a mi hermano por todos lados, hasta el Sebin fui a parar y allí me dijeron que estaba en Tocuyito. Tengo más de una semana sin saber de él. Pregunté si lo tienen con la población común y me dijeron que estaba bien, con agua, ducha y baños. Le exigí que me indiquen los pasos a seguir para tener una defensa privada porque yo no creo en los defensores públicos. Me dijeron que me consiguiera un abogado privado, él debe hacer un escrito que el abogado sabe cuál es y si el detenido firma, ese será su abogado”.
El defensor, ya sea uno privado asignado por medio de una carta de designación firmada por el detenido o uno público, debe dar información, revisar los centros de detención y ver las condiciones en las que están sus clientes. Dado el alto número de detenidos, algunos defensores públicos están poniendo horario de atención por lo que en el Foro Penal aseguran que es importante pedir un número de contacto para estar al tanto del caso.
Antes de pasar al siguiente punto, los moderadores desmintieron que se haya condenado a alguno de los detenidos. Pidieron a los familiares ir pensando en tres posibles personas que quieran ser fiadores porque es posible que se dé la libertad por medio de esta figura.
“En caso de que eso se dé, que todavía no se ha dado, los fiadores no tienen que poner dinero.Eso no funciona así, son personas que deben cumplir con una serie de requisitos que varía de tribunal a tribunal y garantizan que esa persona va a seguir el proceso que se le está dando. Los fiadores se aseguran de que el detenido va a cumplir con las audiencias o las condiciones de su libertad. Es bueno ir adelantando tres personas que puedan ser fiadores en caso de que se dé esa posibilidad con una constancia de ingreso y de residencia”, explicó Alfredo Romero. Insistió en que todas las acciones posibles por parte de los familiares se deben realizar. Lo peor es no hacer nada.
Proceso penal para adolescentes
Antes de explicar el proceso penal para los adolescentes detenidos en las protestas de Venezuela, toma la palabra Leticia Torrealba, cuyo hijo, Adrián González, está detenido desde el 29 de julio. Al igual que muchas madres, Torrealba no había recibido información de su hijo. La semana pasada recibió un mensaje de texto donde se le informaba que podía visitarlo el día jueves. Se encontró con la mamá de otro de los detenidos que le informó que hubo visita el martes. Nadie le informó.
“El día de su detención salió con sus compañeritos a caminar y lo abordaron los guardias. En Zona 7 duró ocho días, lo pude ver, estaba tranquilo. Cuando finalmente me dejaron verlo me dijo: ‘mamá quiero que me saquen de aquí, me siento mal. No tengo para respirar, duermo en malas condiciones, no hay ventilación”, reveló. Torrealba describió a su hijo como un niño muy tranquilo, estudioso y colaborador en la casa. “Tiene apenas 16 años, esto es angustiante. No le deseo esto a nadie. Uno se siente muy quebrantable. Solo quiero que esto termine y sentir que es un sueño que está pasando”.
Foro Penal y Provea reafirmaron en la asesoría que 10% de las personas registradas detenidas en las protestas de Venezuela son adolescentes. La situación es alarmante. La palabra adolescencia viene del latín «adolesco-adolescere», que significa adolecer y se traduce en la práctica como «crecer a pesar de todo, con dificultades». Son jóvenes que no tienen la capacidad completa porque adolecen, son manipulables y moldeables. La responsabilidad penal de los adolescentes es de los 14 a los 18 y, sin embargo, hay reportes de un niño de 10 y otros de 13 años que siguen detenidos.
El proceso penal es mucho más breve y en la mayoría de los casos ya se puede estar presentando el acto acusativo. Después de la acusación hay una fase intermedia donde el juez toma las pruebas y las evalúa para determinar si hay o no delito o si hay un hecho punible. Por último, se determina si hay que ir a juicio. Eso puede pasar en menos de 30 días. Un tiempo que preocupa a los expertos por la limitación a la información que existe.
“Es importante que se denuncien las violaciones a los derechos humanos. Los adolescentes deben estar en un sitio distinto a los adultos. El proceso es más corto, tienen más derechos que los adultos porque la ley es más garantista al adolescente, pero los familiares deben actuar paralelamente”, insistió Romero.
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