“Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros convocamos a elecciones. Este pueblo tiene el derecho de decidir su propio destino». La frase de Diosdado Cabello, número dos del chavismo, se repite como un mantra desde el año 2017. Cada vez que el gobierno venezolano llega a la encrucijada de un proceso de negociación para discutir condiciones y garantías electorales, la amenaza del adelanto electoral aparece.
“No sabemos si las elecciones presidenciales serán este año o el próximo. Guárdenme ese secreto”. La frase de Nicolás Maduro el pasado 13 de abril, durante la conmemoración del Golpe de Estado del año 2002, reabrió el debate sobre el momento en que el madurismo aceptará medirse en elecciones y las condiciones que este proceso puede tener.
La amenaza de adelantar los comicios presidenciales de 2024 se produjo apenas 10 días antes de la realización de la conferencia internacional organizada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para discutir cómo reanudar el proceso de negociación entre el madurismo y la opositora Plataforma Unitaria. Esta negociación está suspendida desde el mes de noviembre de 2022, cuando debía comenzar a discutir el cronograma electoral de los años 2024 y 2025, además de las condiciones y garantías electorales de estos procesos.
En respuesta a la nueva amenaza del régimen venezolano Juan González, el principal asesor para Latinoamérica de la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden, reiteró: “Estamos dispuestos a aliviar la presión de las sanciones para poder llevar a un resultado que lleve a unas elecciones libres (…) Lo que pedimos no son cosas que se le ocurren a EEUU, la UE. envió una misión a Venezuela y dio un conjunto de recomendaciones todas clarísimas y con sentido común para llevar a cabo elecciones competitivas. Si se tomaran estas acciones, nosotros tendríamos una respuesta recíproca aliviando las sanciones”.
De igual forma, el funcionario estadounidense aclaró que “la idea de solo levantar las sanciones sin contraprestación democrática no aliviará la situación de los venezolanos. La situación humanitaria se dio antes de las sanciones”.
Justamente, González se ha referido a la Cumbre de Colombia aclarando que el gobierno estadounidense observa “positivamente esta convocatoria. No es una estrategia de cambio de régimen, pero queremos que se den elecciones libres y democráticas, nos moveremos de acuerdo con los pasos que ellos den (…) Lo que queremos es un calendario electoral, un registro, que no haya inhabilitaciones, son cosas que uno le pediría a cualquier persona, son los principios básicos de una elección libre. Esto lo queremos conversar con todos los países, incluyendo Colombia. La soberanía radica en el pueblo, esa es la propuesta para Venezuela”.
Diciembre de 2024
Desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, la democracia venezolana se caracterizó por realizar sus elecciones presidenciales en el mes de diciembre del último año del período presidencial.
Esta tradición electoral dejó de cumplirse en julio del año 2000 cuando se celebraron elecciones para la relegitimación de todos los poderes tras la aprobación de la nueva Constitución que fue promovida por Hugo Chávez; en octubre de 2012, cuando Chávez buscó ser reelecto tras haber sufrido un cáncer; en abril de 2013, para escoger al sucesor de Chávez tras su muerte en marzo de ese año y en abril de 2018 cuando Nicolás Maduro decidió adelantar ocho meses la elección.
Sin embargo, debe advertirse que convocar los comicios presidenciales durante el primer semestre del año, aunque deja de respetar la tradición política, no vulnera la legalidad, pues la ley electoral venezolana -después de una cuestionada reforma- no obliga a hacer las votaciones en diciembre.
En el año 2009 la Asamblea Nacional -dominada por el chavismo- aprobó una nueva Ley Electoral en la cual suprimió la disposición que establecía, de manera taxativa, el momento en el que debían celebrarse los distintos comicios. La ley derogada por el chavismo señalaba que las elecciones debían fijarse “un domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del período correspondiente”.
Al eliminar esta disposición y dejar la convocatoria a la discreción del Consejo Nacional Electoral (CNE) se permitió que los comicios se convocarán en momentos distintos al tradicional mes de diciembre.
Presidente electo y presidente en funciones
El adelanto de la elección presidencial de 2018 y la amenaza de convocar anticipadamente el de 2024 genera que exista el peligro de un periodo de transición entre un mandato constitucional y otro pudiera ser de más de seis meses. La nueva amenaza del chavismo puede llevar a Venezuela -en caso de que la oposición gane la elección presidencial- a un periodo de varios meses en donde existirían un presidente electo y un presidente en funciones, sin ningún tipo de regulación legal para la transferencia del poder, especialmente porque un eventual adelanto de los comicios presidenciales para el año 2024 o incluso 2023 no supondría una reducción del sexenio del jefe del Estado previsto en el artículo 230 de la Carta Magna. Independientemente de cuándo se realice la elección presidencial, el próximo presidente debe asumir su cargo el 10 de enero de 2025.
Cualquier cambio en relación con la duración o inicio del mandato del presidente de la República requeriría una enmienda constitucional, que de acuerdo con la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia no aplicaría para el actual período.
Según el análisis de la organización Acceso a la Justicia “jugar con la fecha de las elecciones es parte de las maniobras del oficialismo para ganar elecciones (…) el oficialismo ha utilizado esta estrategia para favorecer sus opciones”.
Además, advierte que es “escandaloso el silencio que guarda el CNE ante estos pronunciamientos de Maduro, lo que supone flagrantes intromisiones en sus competencias constitucionales. El mutismo del árbitro no hace más que reforzar las sobradas dudas que existen en un importante porcentaje de la población en relación con su independencia, autonomía y, sobre todo, su capacidad de organizar comicios limpios, transparentes y competitivos.
Agregan los integrantes de Acceso a la Justicia “no en balde, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que siguió las pasadas «mega elecciones» regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, en su informe criticó la actuación (o inacción) del árbitro a la hora de ponerle coto a los abusos del oficialismo durante la campaña y la propia jornada de votación”.
