Los representantes de la junta regional de primarias de Carabobo, Manuel Barreto Hernaiz (presidente) y Adelba Taffin Alvarado (vicepresidenta), declararon durante cinco horas en la sede del Ministerio Público en Caracas este miércoles 8 de noviembre como “investigados”.
La Comisión Nacional de Primaria informó de esta indagatoria en su cuenta de la red social X, antes Twitter, donde también dijeron que el mismo procedimiento lo cumplieron la presidenta y el vicepresidente de la junta organizadora de la consulta interna de la plataforma unitaria democrática del estado Vargas.
“A las 7:26 pm salen de la sede del Ministerio Público en Caracas el presidente y vicepresidente de la Junta Regional de Primaria del estado Carabobo, quienes habían recibido citación para este miércoles a las 2:30 pm”, escribieron.
Esta es la segunda vez que Barreto Hernaiz y Taffin Alvarado acuden a la Fiscalía. La primera vez lo hicieron en Valencia el pasado 30 de octubre, el mismo día que llamaron a miembros de juntas de primarias en Apure, Miranda, Lara, Mérida, Anzoátegui, Trujillo y Caracas.
Tres citaciones en Caracas
Sin embargo, las últimas citaciones que el Ministerio Público entregó a estos voceros las personas deben trasladarse a la capital venezolana a presentarse a responder preguntas por la investigación que inició la Fiscalía el pasado 25 de octubre contra las primarias del 22 de octubre, por supuesto fraude.
Otra junta de primarias que citaron esta semana es la del estado Lara, en la que se hizo la acotación que acudían en calidad de “investigados”.
El pasado 30 de octubre también fueron llamados el presidente de la Comisión Nacional, Jesús María Casal; la vicepresidenta, Mildred Camero y el miembro principal y vocero de Súmate, Roberto Abdul-Hadi. Días después llamaron a uno de los encargados de la comisión técnica, Francisco Castro.
La consulta de la oposición congregó a más de 2 millones de personas que escogieron a María Corina Machado como su candidata presidencial. Sin embargo, después de que el mandatario Nicolás Maduro y sus aliados Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Cilia Flores denunciaron un presunto fraude durante el proceso, la Fiscalía abrió una investigación y el 30 de octubre la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, a petición del diputado disidente opositor José Brito, declaró “sin efectos” el proceso.
